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Benedetti, entre los primeros con expediente en Corte por caso MinTIC

  • El rifirrafe entre el senador Benedetti y la exministra Abudinen inició en redes sociales. FOTOS COLPRENSA
    El rifirrafe entre el senador Benedetti y la exministra Abudinen inició en redes sociales. FOTOS COLPRENSA
  • Benedetti, entre los primeros con expediente en Corte por caso MinTIC
Por EL COLOMBIANO | Publicado el 27 de septiembre de 2021

Así como a Benedetti, el escándalo también salpica a Mauricio Gómez, denunciado por una veeduría.

Con la declaración pública que hizo este lunes la exministra Karen Abudinen contra el senador Armando Benedetti, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir un expediente contra él y el también senador Mauricio Gómez Amín, se abrió el capítulo de los políticos que habrían supuestamente tratado de interferir en el polémico contrato de conectividad –por $1,07 billones– entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.

En efecto, la exministra aseguró que Benedetti la llamó antes de declarar la caducidad del contrato (que se confirmó en agosto pasado) y supuestamente le pidió que se lo cediera a una firma de Estados Unidos. “Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducarlo”, dijo Abudinen.

Ante las acusaciones, el Senador explicó, en diálogo con EL COLOMBIANO, que no llamó a la exministra para hablar sobre el contrato por el que están embolatados $70.000 millones de un anticipo. “Nunca he hablado con ella para ayudar a Centros Poblados”, dijo. No obstante, reconoció que sí hubo una comunicación con Abudinen para hablar de otros temas.

Pese a lo dicho por Benedetti, Jaime Lombana, abogado de la exministra, le aseguró a este diario que sí hubo una llamada en la que el senador intentó persuadir a su defendida sobre la cesión del contrato: “Él (Benedetti) le pidió no caducar y ceder el contrato, a lo que la ministra contestó que la decisión de la caducidad estaba tomada”.

Con esta acusación se configuraría la supuesta presión que congresistas habrían tratado de ejercer en la adjudicación de este contrato, situación que insinuó la semana pasada Emilio Tapia, hoy capturado por este caso. Durante la audiencia de imputación de cargos, el condenado por ‘el carrusel de la contratación’ en Bogotá indicó que estaba dispuesto a revelar los nombres de los políticos que habrían llamado a funcionarios del Gobierno para advertirles que no caducaran el contrato con Centros Poblados, a cambio de llegar a un preacuerdo con la justicia.

En este contexto, la Corte anunció este lunes que asumirá una investigación para determinar el rol de Benedetti y del liberal Gómez, denunciados por la Red de Veedurías Bien Común. El encargado de asumir el expediente es el magistrado Misael Rodríguez (ver Para saber más).

“Petición es ilegal”

La llamada entre Benedetti y Abudinen, que abrió la puerta a la posible participación de políticos dentro del polémico contrato, podría implicar acciones legales.

Lombana aseguró que lo hecho por el senador es ilegal, pues “pedir o recomendar una cesión del contrato es un acto ilícito porque nadie puede ceder el fruto de un delito”. Por su parte, Benedetti aseguró que no actuó de forma ilegal y considera acudir a instancias legales por los señalamientos de la exministra.

“Yo soy opositor. Yo soy alfil de Petro; entonces, ¿van a decir que a uno de los opositores del Gobierno le pasan al teléfono para arreglar un contrato de $1,2 billones? (...) ¿Por qué si yo llamé a la Ministra a preguntarle algo corrupto no lo denunció enseguida?”, expresó el Senador.

Lo cierto es que la defensa de Abudinen se sostiene en que la llamada sí existió, pero descartó tener un audio como evidencia. “Tenemos la fecha, la duración, quién marcó, todo eso sí. Grabación, no”, dijo Lombana.

¿Qué pasará con el contrato?

Mientras se adelanta el proceso legal para determinar a los responsables de este desfalco, se abrió un debate jurídico sobre el futuro de los más de 7.000 centros digitales que iba a instalar Centros Poblados, ya que tras ser caducado, el contrato fue asumido por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

Jorge Beltrán Pardo, experto en contratación y compras públicas, explicó que a ETB no se le cedió el contrato, sino que se trató de una readjudicación, ya que esta firma fue la segunda en orden de elegibilidad, detrás de Centros Poblados.

“En caso de que un contrato se caduque y su ejecución contractual no sea superior al 50 %, la ley 1150, en el artículo noveno, habilita la readjudicación al segundo en orden de elegibilidad para que continúe con la ejecución, pero en los términos de su oferta. En este caso ETB instalaría menos centros digitales de los que ofertó Centros Poblados”, planteó el experto.

Ante ese panorama, MinTic tiene previsto que este contrato empiece a ser ejecutado por ETB en diciembre. Para que esto pase, el viceministro de Conectividad, Walid David Jalil, explicó recientemente que se debe agotar el proceso de liquidación contractual para liberar los recursos para la nueva contratación.

Y en el escenario político, sigue en estudio la tutela con la que se busca repetir la votación de la moción de censura contra Abudinen en la Cámara de Representantes, pues cinco congresistas de oposición reclaman que hubo “errores de procedimiento” en dicha sesión. Por ahora, existe la posibilidad de que se repita la votación, que terminó con 56 votos a favor frente a 30 en contra el pasado 10 de septiembre, pero que no prosperó por falta de quórum decisorio

en definitiva

Con la afirmación de la exministra Karen Abudinen sobre una llamada que dice le hizo Armando Benedetti, y el caso que abrió la Corte, queda en firme el capítulo de los políticos salpicados por el caso.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS La génesis del proceso penal

La Corte Suprema de Justicia asumió la investigación sobre los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amin, para determinar cuál fue su papel en el polémico contrato entre MinTic y Centros Poblados. La investigación se da luego de que la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que preside Henry Anaya, formulara ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte la denuncia para que se indague lo que se ha dicho sobre Benedetti y Gómez Amin, y su supuesto papel dentro del escándalo. Tras dar por hecho que se asumirá esta investigación, fuentes de la Corte le confirmaron a EL COLOMBIANO que el magistrado Misael Rodríguez Castellanos es el encargado del caso. Los dos senadores negaron este lunes toda responsabilidad.


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Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

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