Por Leonardo Botero Fernández
La Constitución Política de 1991 no solo formuló nuevos derechos para los colombianos, sino que transformó al Estado colombiano en su conformación. Con la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de otras ya existentes, la Carta Magna buscó salvaguardar derechos y establecer deberes ciudadanos.
De esa baraja de entidades, quizá una de las de mayor repercusión es la Corte Constitucional. Aunque previo a 1991, la Corte Suprema de Justicia tenía una sala de dedicada a asuntos constitucionales, la nueva Constitución consideró pertinente que fuera un tribunal independiente el que se encargara de estos temas, como lo señala el artículo 241.
Sin embargo, esta instancia no fue la única que nació. Gracias a la Constitución llegaron otras entidades como la Vicepresidencia, la Fiscalía –encargada de investigar los delitos penales–, la Defensoría del Pueblo –pensada para la protección de los derechos humanos– y el Consejo Superior de la Judicatura –que administra la rama judicial–.
Además, otras, como el Banco de la República y la Procuraduría, que ya existían, obtuvieron mayor independencia, pues, hasta ese momento, y gracias a lo formulado en la Constitución de 1886, dependían directamente del poder Ejecutivo.
EL COLOMBIANO, en el marco del aniversario 30 de la Constitución, que se cumple el próximo 4 de julio, consultó a expertos en la materia para analizar la importancia e impacto que han tenido esas instituciones en el país.
El impacto
“Las instituciones creadas por la Constitución son magníficas e importantes en el diseño de un Estado neoconstitucional”. De esta manera, Liliana Estupiñan Achury, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y académica de la Universidad Libre, resume el impacto que ha dejado ese mapa de nuevas entidades pensadas para el funcionamiento del Estado.
“Era necesario responder a una crisis de legitimidad que existía y era necesario que esa crisis de legitimidad se solucionara a través de nuevas instituciones”, apunta Luisa Fernanda García, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Ya hablando de instituciones concretas, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, opina que “la Corte Constitucional ha servido para la preservación de la supremacía e integridad de la Constitución”.
Los retos
Para Restrepo, el principal pendiente de esas instituciones es, justamente, que haya una despolitización de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría.
Hay que recordar que para elegir a los jefes de estas entidades, el presidente de turno formula ternas y las envía, en el caso de la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría, al Senado, y de la Defensoría, a la Cámara de Representantes.
A juicio de Restrepo, esto ha permitido, en distintas ocasiones en las últimas décadas, que intereses políticos permeen la elección de estos funcionarios. Por eso, dice que habría que “modificar el proceso de selección”, indicando que la forma de garantizar la independencia plasmada en la Constitución sería a través de concursos de mérito.
En todo caso, es innegable que la Constitución sirvió para, en palabras de García, darle al Estado “mayor eficiencia, legitimidad y garantía en materia de protección de los derechos”.
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