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“No hay JEP para organizaciones criminales”: Roy Barreras tras polémica por diálogos con grupos armados
El presidente del Senado aseguró que los grupos narcotraficantes tendrían que someterse a la justicia.
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El presidente del Senado, Roy Barreras, dice que las bandas del narcotráfico tendrían que someterse a la justicia ante un eventual diálogo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El diálogo con grupos criminales y guerrillas que plantea el Pacto Histórico ha causado tal polémica que el presidente del Senado, Roy Barreras, tuvo que salir a aclarar que el beneficio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no cobijaría a las organizaciones narcotraficantes.
Barreras afirmó que el desarme tiene dos caminos. El primero tendría en cuenta a grupos como el Eln y a los integrantes de esa guerrilla les dejaría la posibilidad de acceder al sistema de paz; el segundo, el de las bandas del narcotráfico, que tendría que tratarse bajo el código penal.
“Las insurgencias y las guerrillas son las que usan la justicia transicional como camino. Lo hicimos con las Farc y, si el Eln entra a un proceso de diálogo, la justicia transicional será su camino”, afirmó el jefe de la coalición de Gustavo Petro dentro del legislativo.
Y continuó detallando que esa no es la línea de las bandas criminales del narcotráfico porque “el único camino es la justicia penal ordinaria para someterse, ojalá colectivamente”. “No hay JEP para las organizaciones criminales, lo que hay es sometimiento a la justicia ordinaria”, dijo.
La guerrilla del Eln, bandas criminales como el Clan del Golfo, los reductos de Los Caparros y hasta las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc –las mismas que le dieron la espalda al Acuerdo de Paz firmado en 2016– tendrían la posibilidad de entablar una mesa de diálogo con el nuevo gobierno, bajo la premisa de Gustavo Petro de conseguir “la paz total” para Colombia.
Esos objetivos implicarían hacer un cambio a la legislación para el sometimiento colectivo que se trazó con la ley 1908 de 2018, también intervenir la ley de orden público (la 418 de 1997), hacer un ajuste a la JEP y al tratado de extradición con Estados Unidos.
Los diálogos de Petro generan rencillas a la administración saliente de Iván Duque quien ya dejó claro que su opinión es que “a esos bandidos hay que seguirlos combatiendo como lo hemos hecho en este gobierno (...) No les podemos dar ningún tipo de tratamiento político porque son bandidos, deliencuentes y asesinos de líderes sociales”.
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