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Los líos judiciales y asuntos pendientes con la Ley de algunos de los precandidatos presidenciales han dado de qué hablar durante esta semana. Además del desgaste físico y del tiempo que deben invertir en sus defensas jurídicas, los políticos también se enfrentan a posibles inhabilidades que, de concretarse, les impedirían posesionarse como presidentes de la República en caso de resultar ganadores.
El caso más sonado y reciente es el del precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien se enfrenta a un fallo en segunda instancia de la Contraloría que confirmó su responsabilidad fiscal, y la de otras 25 personas (naturales y jurídicas), en el caso hidroituango.
Dicha decisión, que ahora pasó a manos del Consejo de Estado, impediría que Fajardo tomara posesión en la Casa de Nariño como Jefe de Estado, ante una eventual victoria en los comicios, pues la Ley colombiana es clara en advertir que alguien que esté condenado por ese tipo de delitos queda inhabilitado por 5 años.
Pero Fajardo no es el único que tiene problemas pendientes con la Ley que podrían frustrar sus aspiraciones presidenciales. En situaciones similares se encuentran candidatos como Rodolfo Hernández y Publio Hernán Mejía.
Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial por el Movimiento Anticorrupción, está acusado formalmente de interés indebido en la celebración de contratos, y deberá enfrentar un juicio para defenderse de los presuntos hechos de corrupción.
De ser hallado culpable, también quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, pues la Constitución manda que nadie que tenga una condena penal aspirar o ser elegido.
Y algo similar le ocurre a Publio Hernán Mejía, un reconocido militar en retiro que enfrenta un proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz para responder por 75 falsos positivos cometidos en el Batallón La Popa.
En su caso puntual, y tras no reconocer los hechos, la Jurisdicción envió el expediente a su Unidad de Investigación y Acusación, tras lo cual podría enfrentarse a un juicio y, de ser hallado culpable, someterse a 20 años de prisión.
Así las cosas, los líos judiciales parecieran cerrarle el camino a varios de los precandidatos. Pese a ello, los políticos aún tienen varios meses más para definir sus situaciones.
Fajardo, por ejemplo, ya pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la idea de que esta se pronuncie y se suspenda la inhabilidad.