El senador del partido Centro Democrático Everth Bustamante envió una carta a EL COLOMBIANO en la que le responde al columnista Aldo Cívico, por la columna titulada “Las incoherencias del Centro Democrático”, publicada este sábado.
Bustamante explica que en el escrito, “de entrada, se afirma que “El 27 de febrero de 1980 Everth Bustamante participó en la toma de la embajada de la República Dominicana...” y a continuación, hace una serie de señalamientos que no corresponden a la verdad”.
El senador del Centro Democrático continúa diciendo que la investigación de las autoridades judiciales sobre estos hechos fue “exhaustiva” y “si se hace una revisión de los expedientes judiciales, se podrá comprobar que no tuve participación alguna. Estas aseveraciones mentirosas desvirtúan por completo lo que el autor del escrito quiere demostrar”.
Agrega que en relación con las incoherencias que “malintencionadamente le quiere asignar al Centro Democrático”, transcribió una carta que le envió al Presidente Juan Manuel Santos el 15 de junio del año pasado “sobre elegibilidad política en los acuerdos de La Habana, y las supuestas “incoherencias” que preocupan al editorialista”.
A continuación, la carta que el senador Bustamante le envío al presidente Santos:
Bogotá, Junio 15 de 2016
Señor Presidente
Juan Manuel Santos
Casa de Nariño
Señor Presidente:
En el marco del Congreso Mundial de Medios Informativos celebrado en Cartagena el martes 14 de junio, refiriéndose al tema de la elegibilidad política en los acuerdos de la Habana, usted afirmó que: ¨...En las filas de la oposición hay un guerrillero que está de Senador de la República, entonces, por qué él sí y los otros no...¨.
Para acusar de incoherente al Centro Democrático, sin rubor alguno, falsea usted la verdad histórica, señor Presidente.
En mi caso, con fundamento en la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989, los jueces de la República estudiaron e investigaron toda mi trayectoria dentro del M-19 con el fin de determinar si algunas de mis actuaciones se tipificaban como constitutivas de delitos atroces o de lesa humanidad y al no encontrar hecho alguno de esta naturaleza, se profirió auto de cesación de procedimiento a mi favor, con total sujeción a la Constitución de 1886 y el ordenamiento jurídico colombiano.
Las diferencias con la claudicación que usted ha hecho en las negociaciones de la Habana son sustanciales, pues con el M-19:
1.- No se necesitaron cinco años de negociaciones fuera del país, las nuestras se adelantaron en el territorio colombiano en el marco de la Constitución del 86.
2.- A pesar del desprestigio del Congreso de la época nunca se desconoció el rol que legítimamente le correspondía al poder legislativo.
3.- No se creó una justicia transicional, ni una Jurisdicción Especial de Paz, ni un tribunal especial con funciones exclusivas y absorbentes, dotado de poderes supremos por encima de las cortes, los tribunales y el sistema judicial ordinario.
4.- El Congreso no se desprendió de sus competencias para otorgarle poderes supremos o facultades extraordinarias al Presidente de la época, ni fue necesario crear un procedimiento expedito y especial para tramitar leyes o reformas constitucionales.
5.- No se nos concedió elegibilidad política a dedo y una vez quedó claro ante la justicia que no éramos responsables de crímenes de lesa humanidad, salimos a competir electoralmente en condiciones de igualdad, y sin ninguna ventaja con todos los partidos.
6.- No se violó la Constitución Nacional torciéndole el cuello a los mecanismos de refrendación popular, como sucede ahora con el plebiscito, creando una figura profundamente antidemocrática, contraria a los valores y principios democráticos de la humanidad donde una minoría (13%) decide por la mayoría.
7.- Los acuerdos con el M-19 no se adoptaron como un Acuerdo Especial para introducirlo al bloque de constitucionalidad por la vía interpretativa derogando, de facto, la Constitución y justificando este golpe de muerte a nuestra carta con el argumento de que la paz es necesaria para ahorrarle más muertes a Colombia aceptando así, el chantaje de colocar sobre la mesa de negociación el dolor de los miles de muertos cuya autoría es de la exclusiva responsabilidad de las FARC.
Señor Presidente, esta es la verdad histórica, la verdad jurídica, la verdad política y usted como primer magistrado de la nación debería atenerse a ella y no engañar a los colombianos afirmando, falsamente, que yo fui beneficiario de impunidad y de elegibilidad política.
Nadie nos regaló nada, y con absoluta y total sujeción a la Constitución y la Ley de la época, con la frente en alto y de cara a los colombianos nos convertimos en una de las principales fuerzas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Lo conmino señor Presidente a que diga la verdad y no pretenda justificar su claudicación ante las FARC, ofendiendo la dignidad de quienes si supimos acogernos y respetar la institucionalidad y la democracia colombiana.
Atentamente,
Everth Bustamante García
Senador de la República
