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Desde que fue ternado como aspirante al cargo de fiscal general por el entonces presidente Juan Manuel Santos, en abril de 2016, el nombre de Néstor Humberto Martínez remeció las aguas de la política nacional.
Y no era para menos. Su candidatura para liderar el ente acusador fue descrita por analistas como un pulso entre su aliado, Germán Vargas Lleras y el liberalismo. De hecho, tras la elección de Martínez, la doctora en Ciencia Política Sandra Borda dijo a EL COLOMBIANO que “lo que vamos a ver es una Fiscalía mucho más arrodillada a los intereses de la clase política”.
Una opinión tenían otros analistas que vieron en Martínez “al fiscal del posconflicto”. El reto de enfrentarse a la implementación del Acuerdo no era menor y suponía debatir los límites de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la JEP. Un asunto que se volvió conflictivo y que acabó por motivar su renuncia.
Martínez llegó a la Fiscalía con un amplio bagaje académico y laboral, sobre todo en el sector privado. Abogado, economista y doctor en Ciencia Política, es dueño de Martínez y Martínez, una firma de juristas que ha defendido grandes conglomerados empresariales, lo que terminó por complicar su gestión.
El ahora exfiscal era asesor jurídico del Grupo Aval entre 2012 y 2016, tiempo en que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., integrada por Odebrecht y Corficolombiana, pagó coimas a cambio de la adjudicación de un millonario contrato de obra.
El escándalo Odebrecht estalló en diciembre de 2016 y, en abril de 2017, Martínez se declaró impedido para investigar a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, una de las líneas abiertas en el mega caso de corrupción.
La tensión entre Martínez y la opinión pública, que esperaba más celeridad en las investigaciones, fue creciendo hasta alcanzar su punto máximo el 8 de noviembre de 2018, tras la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de Corficolombiana para la Ruta del Sol 2, que acusó al fiscal de haber conocido los sobornos en 2015.
Aunque el dictamen oficial concluyó que Pizano falleció por un infarto, dentro de sus pertenencias se encontró una botella de agua con cianuro, de la que su hijo bebió y le ocasionó la muerte. La Fiscalía ordenó una investigación en la que se determinó que el cuerpo del excontroller no presentaba rastros del veneno.
El Congreso dio la oportunidad al fiscal de defenderse en un agitado debate de control político 20 días después.
“No tenía conocimiento de que se hubiera cometido un delito. Esto es un linchamiento”, aseveró el fiscal en la sesión convocada por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. El fiscal continuó en su cargo, pero la Corte Suprema designó a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc, para que asumiera los procesos en los que Martínez se había declarado impedido.
A pesar de los reveses, en la gestión de Néstor Humberto Martínez pueden reconocerse avances en la lucha contra la corrupción, sobre todo, en las entidades territoriales. Fue el fiscal que investigó el escandaloso desfalco a Reficar y que mediante la estrategia Bolsillos de Cristal, que persigue la malversación de recursos públicos, logró imputar a 3.000 personas.
Martínez apoyó las negociaciones en La Habana y declaró que correspondía a la Fiscalía “asegurar la consolidación de la paz en los territorios”. Pero defendió la competencia de la Fiscalía para perseguir los bienes de las Farc.
Fue un fuerte crítico de la JEP y promovió las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria. Incluso, como lo informó EL COLOMBIANO, se reunió con oficiales de las Fuerzas Armadas para hacer pedagogía sobre los artículos objetados. Uno de ellos, el que se refiere a la no extradición de quienes ofrezcan verdad, le costó ayer su renuncia .