El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue el comienzo de la violencia política en esta contienda, pero sí el hecho que la puso en primer plano. Hasta entonces, la precampaña ya estaba marcada por ataques contra líderes en distintas regiones del país, aunque sin la misma atención mediática.
La agresión contra el senador reveló que hacer política en Colombia, una vez más, se ha convertido en un riesgo que puede costar la vida. Un fenómeno que venía creciendo en silencio.
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Desde ese punto, el panorama se volvió más claro y sobre todo preocupante. El atentado contra Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia de violencia que se intensifica a medida que avanza el calendario electoral.
En los últimos meses, decenas de liderazgos políticos han sido blanco de amenazas, atentados o asesinatos. La contienda por el poder rumbo a 2026 se libra, en muchos casos, entre el miedo, la intimidación y la sangre.
Así quedó plasmado en un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), de seguimiento ante la Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales.
El documento pone el foco en una escalada sostenida de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, justo cuando el país entra en el tramo más sensible del calendario preelectoral.
Las cifras muestran un crecimiento sostenido de la violencia política en Colombia. Mientras en 2017 la MOE registró 266 hechos de violencia contra líderes políticos, en 2023 la cifra casi se triplicó, alcanzando los 748 casos.
Este año, según el informe, solo entre enero y abril habían sido asesinados 34 líderes políticos, sociales y comunales —Indepaz habla de 67—.
En ese mismo periodo, se registraron 128 hechos violentos, de los cuales el 44,5 % fueron dirigidos contra liderazgos políticos. Más preocupante aún: el 42,2 % de los casos correspondieron a acciones letales, es decir, atentados y asesinatos consumados o frustrados. La mayoría de estos hechos se concentran en territorios especialmente frágiles, como las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde persiste una alta vulnerabilidad institucional y presencia activa de grupos armados ilegales.
El análisis territorial arrojó que 74 municipios de 23 regiones registraron hechos de violencia. De ellos, seis: Cauca, Huila, Norte de Santander, Bogotá D.C., Córdoba y Valle del Cauca, agrupan más de la mitad (53,1 %) de los casos reportados.
Además, los departamentos de Cauca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 42,6 % de las agresiones letales, lo que sugiere una geografía del riesgo que requiere intervenciones inmediatas y focalizadas.
En respuesta a este panorama, la MOE propuso a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento articular de forma urgente el Plan Nacional de Garantías Electorales con las políticas de paz y seguridad del Estado.
Esta articulación, según advierte el informe, debe ser operativa y efectiva, con enfoque territorial y diferencial. De manera particular, recomienda incluir a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en las comisiones nacionales y territoriales de seguimiento, especialmente en zonas con procesos de negociación abiertos y alta incidencia de grupos armados.
Otra recomendación clave del informe es la instalación inmediata del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), un mecanismo diseñado para activar esquemas de protección con base en niveles de riesgo y alertas tempranas. Este comité, señala la MOE, debería complementarse con mesas de garantías con enfoque político, donde las autoridades dialoguen de forma directa con partidos, precandidaturas y representantes de la oposición, para adoptar medidas concretas que permitan ejercer la política sin miedo.
Más allá de las cifras, el informe subraya un deterioro preocupante en el tono del debate público. La radicalización del discurso, la estigmatización del adversario y la proliferación de discursos de odio están convirtiendo el disenso político en una amenaza existencial.
“La transición de una polarización hacia la radicalización convierte al oponente en un enemigo, alimentando entornos hostiles y peligrosos para la participación política”, alertó Frey Muñoz, subdirector de la MOE, durante la presentación del informe.
Ese entorno hostil, alimentado en parte por el uso intensivo de redes sociales e inteligencia artificial, ha facilitado la difusión masiva de desinformación, noticias falsas y narrativas polarizantes, lo que amenaza la integridad del proceso electoral y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Por eso, la MOE instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a asumir un rol más proactivo en la vigilancia y regulación del contenido digital durante la campaña.
Entre las recomendaciones están la adopción de lineamientos técnicos para el monitoreo de contenidos, la articulación con plataformas tecnológicas y autoridades competentes, y el fortalecimiento de la alfabetización digital de la ciudadanía, como una estrategia de defensa frente a la manipulación informativa.
Finalmente, la MOE hizo un llamado a todos los actores políticos e institucionales a reconocer la gravedad del momento, dejar de alimentar la radicalización y asumir compromisos concretos para que las elecciones de 2026 se desarrollen en condiciones mínimas de libertad, seguridad y garantías democráticas.
“Lo que está en juego —concluyó la organización— no es solo quién gana en las urnas, sino si el país es capaz de garantizar que todos puedan llegar a ellas con vida”.
Mientras tanto, el atentado contra el senador Miguel Uribe continúa generando rechazos dentro y fuera del país.
El intento de magnicidio, ejecutado por un adolescente de apenas 15 años, sacudió con fuerza los cimientos de la democracia colombiana y encendió las alarmas sobre los niveles de degradación a los que ha llegado la violencia política.
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municipios de 23 departamentos registraron hechos de violencia.
