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Por asesinato de fiscal, Procuraduría pidió evaluar la suspensión de actividades turísticas en Barú

El Ministerio Público solicitó que se suspendan hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para el turismo. El asesinato de un reconocido fiscal paraguayo es investigado.

  • La Procuraduría Provincial de Cartagena solicitó evaluar al alcalde la suspensión de diferentes tipos de actividades en las playas de Barú. FOTO: COLPRENSA.
    La Procuraduría Provincial de Cartagena solicitó evaluar al alcalde la suspensión de diferentes tipos de actividades en las playas de Barú. FOTO: COLPRENSA.
EL COLOMBIANO | Publicado el 11 de mayo de 2022

La Procuraduría Provincial de Cartagena solicitó este martes al alcalde William Dau que evalúe “la suspensión de las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales y de los bienes de uso público, como las aguas marítimas y zonas de bajamar, en Playa Blanca, Cholón y otras áreas”, a través de un documento público revelado por medios de comunicación.

La solicitud fue hecha por el asesinato del fiscal paraguayo Mario Pecci en una playa de la Península de Barú, que generó revuelo en la justicia nacional e internacional ya que Pecci era un fiscal especializado en narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que había participado en importantes casos como “A Ultranza Py”, la operación de lavado de dineros del narcotráfico más grande en la historia de Paraguay.

En la misiva, el Ministerio Público pide a la Alcaldía de Cartagena que se suspenda el uso de las playas de Playa Blanca, Cholón y otras áreas hasta que se garanticen las condiciones para su uso.

De acuerdo con el órgano de control esto significaría la “caracterización y señalización de las playas, vigilancia y y seguridad para las mismas, reglamentación del uso, regularización de las actividades, y la protección efectiva y real del medio ambiente en zonas de playa y bajamar, con la puesta en marcha de un plan de manejo ambiental”.

La Procuraduría también solicita que “exista una definición y control de la capacidad de carga de las playas, garantizando servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, ambulancia marítima, servicios de rescate y guardavidas, protección efectiva de los usuarios de los servicios, control real de embarcaciones de turismo y motonaves de recreación, control sanitario efectivo, que incluya bebidas y alimentos”.


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