El nivel de hacinamiento en las 20 cárceles más importantes de Colombia alcanza el 91.4 %, según el último reporte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este factor ha generado serios problemas de salud en los reclusos.
Basta con observar algunas cifras del mismo reporte para comprender la dimensión de la crisis: 2.084 pacientes psiquiátricos, 4.215 con hipertensión arterial, 1.112 con diabetes y 611 con VIH.
Hoy, las cárceles de Medellín, Bogotá, Cali, Ibagué, Cartagena, Montería, Santa Marta, Manizales, Apartadó y Cúcuta atraviesan una emergencia sanitaria (ver infografía). El ministro de Justicia, Jorge Londoño, tomó la decisión de decretar esa urgencia la semana pasada: “Es importante tomar esta medida para hacer reforma al manual, para que podamos obligar a diferentes sectores a que nos acompañen en brigadas de salud y para que podamos llevar a cabo algunas obras con la infraestructura de salud”, dijo a Colprensa.
Parte de la responsabilidad de la situación de salud que se presenta en las cárceles del país recae en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada desde diciembre de 2015 “de todo el aseguramiento en salud de la población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión”.
Esta Unidad, que también tiene a cargo millonarios contratos para la alimentación de los reclusos, se vio como una solución para mejorar la situación de los reclusos. La viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, anunció en ese entonces que la Uspec debería contratar una fiduciaria para que contratara la “prestación integral de los servicios de salud”. Dentro de las obligaciones de la nueva entidad también estaba la “construcción, el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura destinada a la atención en salud de las personas privadas de la libertad”.
Las expectativas sobre la Uspec se han venido desvaneciendo por una serie de denuncias que se han presentado. Una de las más graves la dio a conocer el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en abril de este año. Según él, en la Uspec “se estaría adecuando un presunto acto de corrupción”. Las presuntas irregularidades estarían relacionadas con sobrecostos en el valor de la contratación de suministros, como medicamentos.
En la prestación del servicio de salud de los reclusos también está la Fiduprevisora S. A, encargada de administrar 83 mil millones de pesos durante 2016 para la atención en salud de las personas privadas de la libertad. De acuerdo con una investigación publicada por la revista Semana, en la Fiduprevisora han denunciado las supuestas irregularidades y los presuntos direccionamientos que se estarían dando desde la Uspec para tramitar los contratos de la salud.
Para Horacio Bustamante, presidente nacional del sindicato del Inpec, “el trabajo de la Uspec ha sido desastroso. No hay medicamentos, no hay insumos y no se garantiza el salario de los trabajadores. Ahora le entregan 83 mil millones de pesos a la Fiduprevisora para que garantice el servicio de salud y Fiduprevisrora dice que no es una EPS, por lo cual le queda difícil prestar los servicios”.
El COLOMBIANO se comunicó con la Uspec para conocer su posición sobre las críticas en relación a la administración de los recursos pero no obtuvo respuesta. El jefe de prensa del Inpec señaló que la respuesta solo podría ser brindada por parte de la Uspec.
Inversiones y propuestas
EL COLOMBIANO conoció la inversión que hizo la Uspec en infraestructura carcelaria durante 2015, prioridad que también está a cargo de esta entidad. En la cárcel Modelo de Bogotá invirtió 643 millones de pesos para el mantenimiento general de las instalaciones de salud. En el complejo penitenciario La Picota, también de la capital, se asignaron recursos por 1.000 millones.
Para los centros de reclusión de Medellín se asignaron los siguientes recursos para mantenimiento: 841 millones para Bellavista y cerca de 600 millones para El Pedregal.
Otra ciudad en donde se han asignado cuantiosas inversiones es Cúcuta. En 2015 la Uspec destinó alrededor de 1.700 millones de pesos en mantenimientos generales. Hay otros casos, como en Manizales, donde las inversiones han sido menores. El año pasado, la Uspec invirtió 212 millones en el establecimiento penitenciario de esa capital.
Desde el sindicato del Inpec han cuestionado el mantenimiento y las obras de la Uspec para mejorar la infraestructura hospitalaria: “Es muy poco lo que la entidad ha hecho en infraestructura para la salud de las cárceles. Las obras no han quedado bien. En un sondeo nacional que hicimos en 30 establecimiento carcelarios todas las obras habían quedado sin terminar. En Manizales se les acabó la plata y dejaron la obra inclusa, nefasta”.
Hasta noviembre de 2015, la Uspec había autorizado 12.314 medicamentos o procedimientos que no estaban en el POS (Plan Obligatorio de Salud). El 55 % de las autorizaciones tienen que ver con medicamentos, el 25 % con prótesis dentales y el 9 % con suministros de monturas.
De acuerdo con el ministro de Justicia, el sistema de salud en las cárceles “se está acomodando. La liquidación de Caprecom nos produjo un impase que hizo que ese sistema de salud que se estaba diseñando tuviera algún retraso en su implementación. El martes (mañana) tendremos una reunión para tratar de continuar en ese proceso”, dijo Londoño a Colprensa.
Otro problema que señaló el ministro tiene que ver con el crecimiento de la población carcelaria. Según Londoño, “el Estado colombiano construye cárceles, infraestructura, pero el número de detenidos crece en una proporción tres a uno”. Por ahora, agregó, las Fuerzas Militares realizarán brigadas de salud con el Inpec para aliviar la emergencia por la que atraviesan 74 centros carcelarios en todo el país.
Qué dice la Defensoría
El pasado 5 de mayo, la Defensoría del Pueblo entregó en la Comisión Primera del Senado un informe sobre la prestación de los servicios de Salud en los centros de reclusión del país. El COLOMBIANO tuvo acceso a dicho documento. Según la Defensoría, en 2015 pusieron en conocimiento de la Fiscalía que “en buena parte del país no se estaba ejecutando el contrato de prestación de servicios de salud de forma adecuada, por el contrario, obligaciones esenciales como la práctica de procedimientos ambulatorios sencillamente nunca se ejecutaron”.
Caprecom, la EPS que estaba encargada de la prestación de la salud en las cárceles desde 2011, fue liquidada y esto influyó en los problemas de prestación de servicios de salud. Así lo dijo la Defensoría del Pueblo ante el Senado. Esto ha generado, por ejemplo, que de 16.802 procedimientos médicos solicitados, solo el 32 % haya sido autorizado. Quedan pendientes 12.233 solicitudes por tramitar.
Otros datos dicientes: “de 134 establecimientos carcelarios reportados, el 57 % (es decir, 77), no cumplieron con el suministro de medicamentos”. El 84 % de los centros de reclusión tampoco cumplieron con la entrega de insumos médicos y odontológicos, según el informe.
La investigación de la Defensoría también incluye enfermedades que no aparecen en los documentos del Inpec. Por ejemplo, hay 405 pacientes con enfermedades cardiovasculares, 184 con infección respiratoria aguda y 259 con tuberculosis.
Lo más preocupante es que algunos establecimientos carcelarios suspendieron los servicios médicos por la ausencia de pago a los trabajadores. Esto ha sucedido, según la Defensoría, en las cárceles de San Andrés, Bellavista (Antioquia), Girón (Santander), Cúcuta, Popayán y Pereira.
Los enfermos psiquiátricos también han corrido el riesgo de suspender sus tratamientos por cuenta de dificultades administrativas. “Se tiene conocimiento que la IPS GIH (Grandes Ideas Hospitalarias), entidad que presta los servicios de salud y suministra medicamentos a nivel nacional a los pacientes que padecen patologías psiquiátricas, elevó el día 27 de abril un requerimiento para exigir el pago de los honorarios por este servicio, situación que podría conllevar a la suspensión del citado servicio”, dijo la Defensoría.
Una de las obligaciones urgentes que deberán adoptar las entidades carcelarias es atender a los pacientes con VIH de la cárcel Modelo, en Bogotá. Según la Defensoría, hasta el 27 de abril, “de los 51 internos diagnosticados, a 45 no se les habían suministrado ni los medicamentos antiretrovirales ni realizado un control con el médico especialista, así como no se había efectuado los respectivos exámenes de laboratorio”.
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mil internos tienen las cárceles de Colombia, según el Inpec.
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