La compra de 17 aviones de combate a la empresa sueca Saab está en el ojo del huracán, por cuenta del severo déficit financiero que atraviesa el Gobierno Nacional y las relaciones políticas con ese país escandinavo, donde la primera dama Verónica Alcocer terminó viviendo con lujos que nadie sabe cómo paga.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la inversión total fue de $16.5 billones de pesos, que no solo cubren las aeronaves, sino su respectivo armamento, software, radares, un centro de simulación y entrenamiento, repuestos, capacitaciones a pilotos y técnicos.
En palabras del jefe de Estado, el contrato se hizo por $13.7 billones de pesos ($3.135 millones de euros), “sin embargo se destinaron $16.5 billones de pesos según proyecciones macroeconómicas y variaciones del euro con el peso, ya que se va pagando con vigencias futuras hasta el 2032. Las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno, pues hay 3 años de gracia”.
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Es importante recordar que en la carpeta del Ministerio de Defensa había otras opciones para reemplazar la flotilla de los aviones Kfir, fabricados en los años 80 en Israel, y que ya cumplieron su periodo de obsolescencia.
Entre 2011 y 2025 se analizaron ofertas para adquirir los F-16 de Estados Unidos; Rafale de Francia; Eurofighter Typhoon de Reino Unido, España y Alemania; y el J-10CE, de China.
En primera instancia, varios expertos señalaron que, comparado con esas aeronaves, el Gripen de la empresa Saab es el menos poderoso, teniendo en cuenta el arsenal, la tecnología, la potencia de vuelo y el hecho de que nunca ha sido probado en combate real. No obstante, el Gobierno terminó inclinándose por esa oferta, ¿por qué?
Razones y riesgos de la elección
De acuerdo con un documento del Ministerio de Defensa, revelado por EL COLOMBIANO el pasado mes de julio, entre las principales razones para la selección estuvieron la hora de vuelo más barata, su capacidad para despegar en carreteras y pistas pequeñas, las ventajas de financiamiento y unos beneficios sociales extra que prometieron los suecos.
“En la comparación de costos de inversión, la alternativa de Gripen fue la más atractiva, dado que las otras costaban casi el doble por cada avión (...). El costo de operación es mucho menor (8.500 USD/hora de vuelo) en comparación con las alternativas (Rafale 28.000 USD/hora y F-16 12.000 USD/hora)”, indicó el informe del MinDefensa, con el cual se justificó la compra.
Los analistas de esa cartera recalcaron que el Gripen “puede aterrizar y despegar en pistas cortas y no preparadas de 500 a 800 metros, lo que permite que opere a través de todo el territorio nacional, aunque no haya bases aéreas establecidas (...). Tiene un diseño de aviación abierta que facilita la actualización de capacidades, que igual a un teléfono inteligente, permite actualizar aplicaciones sin necesidad de modificar el hardware (...). Esto significa que este avión puede operar el primer día de un conflicto, aprender y adaptar las aplicaciones de software para asegurar una ventaja de combate para el segundo día”.
El contrato con los suecos incluye tres años de gracia, es decir, que solo se exigirá el primer abono en 2028, una circunstancia que no pudieron igualar los franceses, los estadounidenses y los demás europeos.
Con EE. UU., además, hubo tres factores que evitaron la concreción de un negocio, según fuentes militares: la primera, que los aviones que ofrecían eran de segunda, repotenciados; y la segunda, que esas aeronaves vienen con restricciones de vuelo, pues la Casa Blanca exige que le compartan el itinerario y prohibe usar su arsenal en varios lugares, circunstancia que ya le ha generado inconvenientes a la Fuerza Aérea de Chile.
El tercer factor no lo reconocieron las fuentes, pero es de carácter político: el presidente Petro no iba a asignarle un contrato millonario a un gobierno que lo señala de “líder del narcotráfico”; además, los impedimentos de la Lista Clinton bloquearían cualquier acuerdo comercial entre las partes.
Esta situación le arroja incertidumbres al negocio: los motores de los Gripen son fabricados por la marca estadounidense General Electric, razón por la cual no se descarta un problema de aprovisionamiento de este vital componente en el mediano plazo, si continúa la crisis política entre Washington y Bogotá.
El candidato presidencial y opositor al Gobierno, Abelardo de La Espriella, aprovechó esta condición y lanzó un llamado a la Casa Blanca.
“Solicito formalmente que los Estados Unidos impongan temporalmente un veto a la compra de 17 aeronaves SAAB, las cuales incluyen como componente fundamental los motores General Electric F414G de fabricación estadounidense —estándar en los Gripen JAS39 E/F—, hasta que el nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto de 2026 revise los aspectos del acuerdo con el acompañamiento del Departamento de Guerra de los Estados Unidos”, escribió en su perfil de X.
Afirmó que “este veto temporal evitará que las próximas elecciones legislativas y presidenciales sean ilegalmente influenciadas por dineros de corrupción relacionados con el mayor contrato que el gobierno criminal de Petro pretende suscribir, sin brindar una explicación suficiente sobre su conveniencia financiera o militar, cuando restan apenas nueve meses para que culmine su mandato”.
En el caso de la oferta china, que dicho sea de paso llegó de manera tardía a mediados de este año, su guerra arancelaria con EE. UU. le daba un valor incierto a los precios, que podían aumentar repentinamente en caso de la imposición de nuevos impuestos a los productos importados desde el gigante asiático.
El presunto sobrecosto
Saab también se ganó el contrato por una hábil jugada, pues incluyó en su propuesta desarrollos tecnológicos con enfoque social y de generación de empleo, entre los que están la primera planta de producción de paneles solares en la región; plantas de agua potable para La Guajira; la construcción parcial y dotación del hospital San Juan de Dios, en Bogotá; y un centro de innovación tecnológica.
Uno de los cuestionamientos al contrato fue el valor unitario por avión, pues los Rafale franceses rondaban los US$210 millones, según las fuentes militares, mientras que los Gripen salieron en US$215 millones.
De forma extraoficial, fuentes cercanas al caso expresaron que la oferta inicial de Saab era de US$150 millones por unidad, incluyendo la transferencia de tecnología, la capacitación del personal y el software, pero en la medida en que se fueron incluyendo aditamentos a la propuesta, su valor se incrementó.
De hecho, en una entrevista concedida a la emisora La W en 2022, Micael Johansson, el CEO de la compañía Saab, declaró que “sería muy extraño que el Gobierno considerara la oferta más costosa (refiriéndose a los aviones franceses Rafale), entendiendo que estarían preparados para gastar 15 billones de pesos, mientras que nosotros podemos hacer una oferta de 10 billones de pesos por aeronaves competentes y de alto rendimiento”.
Y entonces, si la oferta inicial era de $10 billones, ¿por qué se cerró en $16,5 billones en 2025?
A juicio de Petro, a ese precio final de las aeronaves suecas hay que sumarle los beneficios citados, “pues cada avión viene con la integración de las máximas capacidades, no viene pelado como se diría coloquialmente, también incluye un centro de simulación avanzada con 4 cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”.
Otros detalles del convenio permanecen en la reserva, de la que gozan los contratos militares ligados a temas de seguridad nacional.
Millones en pleno déficit
Esta es una de las cuestiones con la que más han fustigado al Gobierno. Para comenzar, un sector del petrismo, encabezado por el congresista Iván Cepeda, siempre se opuso a la compra de “máquinas de guerra”, pues considera que ese dinero se debe invertir en otros rubros, como la educación y la salud.
Desde el punto de vista militar, la compra era más que necesaria. El plan de reemplazo de la flota de aviones Kfir lo planteó la Fuerza Aérea desde 2011, pero se fue retrasando, ya que los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque prefirieron repotenciar las aeronaves viejas a comprar las nuevas, evitando el alto costo político de un gasto semejante en tiempos de los diálogos de paz con las Farc –para el caso de Santos– y de los imprevistos económicos que provocó la pandemia del coronavirus –en el caso de Duque–.
Aun así, al actual Gobierno se le critica que al comienzo del mandato dejó vencer, el 31 de diciembre de 2022, una partida de 678 millones de dólares que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) había aprobado para la inversión militar (Documento Conpes N°4078), y solo vino a firmar el contrato a finales de 2025, con las elecciones presidenciales encima y un déficit fiscal histórico en las arcas estatales.
Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el déficit fiscal será del 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto de la historia (solo por debajo del 7,8% que se registró en la pandemia); y en 2026 la cifra podría rondar el 8,1%.
A esto se suma que las reformas tributarias que ha propuesto el Gobierno, para tratar de financiarse, no han tenido acogida en el Congreso.
Según los acuerdos contractuales con Saab, y los tres años de gracia pactados, el “chicharrón” de pagar los aviones le corresponderá al próximo gobierno. Se espera que las primeras aeronaves de la flota lleguen al país entre finales de 2027 y principios de 2028.
“El pago está hasta el 2032. Se comienza el año entrante. Se destinaron $100.000 millones de pesos y los siguientes años, desde el 2027, con vigencias futuras, ya se comienza a pagar el grueso de ese contrato”, afirmó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en la mañana de este martes.
Alrededor del tema también han surgido cuestionamientos por el posible pago de comisiones a intermediarios, una situación que exasperó al ministro.
“Aquí están afectando irresponsablemente el buen nombre no solamente de la empresa Saab, sino del Gobierno, y mi nombre”, recalcó en una entrevista radial.
Investigaciones por supuestas coimas en el extranjero fueron archivadas
La negociación entre el gobierno de Colombia y la empresa sueca Saab ha sacado a la luz varios antecedentes de esta firma extranjera, en los que fue investigada por presuntos hechos de corrupción que a la fecha no han sido probados.
En Suráfrica, según reportes de la prensa local, el Estado y Saab signaron un contrato para la compra de 26 aeronaves Gripen a finales de los 90.
Dicha negociación produjo años después varias investigaciones internas, tanto en el gobierno surafricano como en la firma europea, por el presunto pago de sobornos y coimas a lobbystas para asegurar el contrato. Tales pagos sumarían 24 millones de rands (moneda local), y sus receptores habrían sido empleados de la empresa británica BAE Systems, la cual fabrica componentes tecnológicos del Gripen.
De otro lado, también hubo investigaciones por supuestas irregularidades en Brasil, país que en diciembre de 2013 invirtió US$4.500 millones en la adquisición de 36 cazas de Saab. En ese momento, al igual que hoy lo hizo Colombia, rechazó las ofertas de Francia y EE. UU.
El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue arrestado en 2016 por supuestos hechos de corrupción, relacionados con la petrolera estatal Petrobras y la repartición de coimas en varias licitaciones.
Con consecuencia, en paralelo se investigó el millonario contrato con los suecos; dicha causa penal terminó archivada y Lula finalmente fue absuelto en 2019.
Aún así, el Departamento de Estado de EE.UU. abrió otro expediente, que sigue activo, en el marco de su La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla inglesa), indagando si hubo alguna responsabilidad penal de la sede de Saab en suelo estadounidense.
En particular, la hipótesis apuntaba a la supuesta transferencia de US$2 millones a la cuenta de un hijo de Lula, a cambio de concederle el contrato a los suecos.
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