El estado normal de la Universidad de Antioquia es el debate, cuando no hay uno, de alguna parte brota. Ahora, a la par que la institución salta matorrales para ver cómo termina el año sin que se precipite una parálisis por falta de plata, en su interior se comenzó a discutir un cambio en sus estatutos, tema que, como casi todo allí, ha generado polémica aun sin que empiece en firme el proceso.
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Los primeros ruidos al respecto comenzaron a través de redes sociales en la cuarta semana de octubre, cuando circularon mensajes denunciando un proyecto presentado por la actual administración del claustro en el cual, supuestamente, incluía la reelección indefinida y alargar los periodos del rector y de los decanos de facultades, esto en medio de una coyuntura en la cual incluso algunos sectores le han pedido la renuncia al actual rector, Jhon Jairo Arboleda, como producto de la crisis financiera que vive la alma máter.
Igualmente, según los mensajes, la propuesta incluía evitar que las consultas multiestamentarias sean decisorias, centrando entonces en el Consejo Superior Universitario la designación del principal cargo institucional. Ello, de acuerdo con los representantes del profesorado buscaría blindar la cúpula actual.
“Esto, lejos de enriquecer el gobierno universitario, lo único que persigue es la captura y el control absoluto de la institucionalidad por parte del rector”, puntualizaron al pedir que la comunidad universitaria se manifestara con un No rotundo.
La presión hizo que casi de inmediato el texto que ocasionó la controversia fuera retirado. Entonces, el CSU designó a un grupo de profesores para que reescriba una iniciativa al respecto.
“Dijimos que esa norma es absolutamente regresiva, porque no consulta lo que están haciendo otras universidades públicas en el país, que es que la consulta sea vinculante. Entonces, después de una discusión muy grande, aceptaron bajarla para hacer otra propuesta donde no haya reelección”, apuntó la profesora Duque.
Por su parte, el secretario general de la alma máter, David Hernández, defendió la necesidad de reformar el estatuto general y otras normas internas que incluso rigen desde antes de la Ley de Educación Superior o Ley 30 de 1992, es decir más de tres décadas, y que se han desactualizado. Además, detalló que el propio CSU le solicitó a la administración central del claustro que avanzara rápidamente en proyectos de modernización normativa y que justo habían publicado el texto en el portal universitario para que la comunidad académica lo discutiera.
Explicó además que en ningún momento se trataba de un intento por atornillar a los directivos actuales, porque, de hecho, mientras que el Estatuto General actual plantea un periodo de 3 años para el rector y los decanos, esa iniciativa hablaba de cuatro años pero con una sola posibilidad de reelección. Adicionalmente, la vigencia no era inmediata sino a partir del próximo periodo, o sea desde 2027.
Se quejó de que hasta ahora no han recibido ninguna propuesta alternativa, si bien tampoco hay un término legal para ello.
La profesora Duque le dijo a este medio que esta está en elaboración y que será entregada probablemente el próximo viernes, 21 de noviembre. Plantearía un periodo de cuatro años pero sin posibilidad de reelección para el rector y los decanos, y una elección en la que las hojas de vida de los postulantes se discutan de forma amplia. Serían requisitos indispensables para ocupar este importante rol tener estudios de doctorado y que el aspirante esté en el máximo escalafón de clasificación profesoral, “porque lo que tenemos ahora precisamente es un rector que ha sido administrativo toda su vida, no conoce la Universidad desde el punto de vista académico y las decisiones que ha tomado son absolutamente nefastas; por eso nos tienen en la situación en la que hoy estamos”.
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También detalló que la nueva propuesta debe ir en consonancia con lo que rige en otros centros de educación superior estatales, donde las consultas con los estamentos (docentes, alumnos, exalumnos, exrectores, decanos y sector empresarial) son tenidas en cuenta de manera obligatoria por el CSU.
Hasta ahora, la U. de A. ha hecho consultas pero ese solo es un insumo para el CSU, sin que sus resultados sean vinculantes.
Duque calcula que la iniciativa sería apoyada por el Gobierno Nacional, por el delegado del Ministerio de Educación y por los egresados, con los cual existe gran posibilidad de que salga avante.
En todo caso, lo que se da por descontado es que la discusión no se daría en lo que falta de 2025, pues solo faltan dos sesiones del CSU, una el próximo marter, 25 de noviembre, y otra el 9 de diciembre, y el tema no está en la agenda, pues la atención la acapararía la crisis financiera que pasa hoy día la U. de A. Así mismo, como se trata de una modificación a la norma mayor de la alma máter, entre el primer debate y el segundo debe haber mínimo 30 días y fuera de eso, si la intención es propiciar la discusión interna, el último mes del año, con el ambiente festivo que reina en este departamento, no sería propicio para lograrlo.
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