El esperado debate de control político que adelanta el Senado de la República al Gobierno Nacional por las presuntas irregularidades que se tuvieron en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) ha dejado de por medio nuevas denuncias, incluso hasta de prostitución.
El debate inició poco antes del medio día y ha tenido como intervinientes a los citantes principales Jorge Robledo (Polo), Daira Galvis (Cambio Radical), Iván Duque (Centro Democrático) y Claudia López (Alianza Verde), como también el contralor general, Edgardo Maya Villazón.
Los planteamientos más críticos los formuló la senadora Daira Galvis, quien sostuvo que fue tal el desgreño administrativo que se tuvo en la compañía, que hasta se destinaba dinero público para prostitución. “Qué pasó con la bonanza, la bonanza de la que participaron directivos, contratistas y subcontratistas, esto comienza desde subsidios a prepagos que pasaron inclusive a ser empleadas de Ecopetrol con 16 millones de pesos”, denunció la congresista costeña.
Insistió que el caso de Reficar es “uno de los casos de corrupción más grandes del país. En Cartagena sabemos cómo fueron las cosas”, y planteó que los “subcontratistas hacían vacas para tener satisfechos a muchos directivos tanto de Reficar y en algunos casos de Ecopetrol”.
El también citante, Jorge Robledo, indicó que la culpa de ese descontrol administrativo en la refinería es de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El senador Uribe rechazó la acusación y dijo que rectificaría durante el debate a Robledo.
Contraloría investiga
El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, le dijo a la plenaria que ese despacho adelanta en este momento la revisión de contratos en Reficar por más de 5.3 billones de pesos.
Maya indicó que entre las irregularidades identificadas están la existencia de costos millonarios en la fabricación de equipos a cargo de la firma CB&I y una gran cantidad de materiales sobrantes, cerca de 4 millones de unidades, con un valor superior a los 57 millones de dólares.
“Los hallazgos con presunta incidencia fiscal que se obtengan de la actuación especial de la Controlaría al momento, podrían dar lugar a la apertura de proceso de responsabilidad fiscal, en caso de afectar el interés general, la moralidad y el patrimonio público”, declaró.
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