El presidente Gustavo Petro se fue de frente contra la Comisión Séptima del Senado y los gestores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en un intento por impulsar la reforma a la salud que, según él, salvará al sistema de un colapso inminente.
El debate se intensificó con la situación de la Nueva EPS, la más grande del país y que actualmente enfrenta una profunda crisis financiera y administrativa, según lo expresó en su más reciente alocución presidencial.
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De esta manera, Petro, con un tono vehemente, aprovechó la coyuntura para enviar un ultimátum a los senadores, señalando que el proyecto de reforma ha estado en sus manos durante dos años sin avanzar.
“Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?”, se preguntó el presidente, lanzando una acusación directa sin mencionar nombres específicos.
Esta advertencia o llamado a la acción se produjo mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debate el proyecto con los congresistas. Asimismo, en la parte final de su discurso, Petro señaló que el futuro de la reforma está en el senado.
“Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente. Me dedicaré a que cada vez mueran menos niños, menos mujeres y menos adultos que sí podían ser tratados”, señaló Petro.
La polémica fiscal y el choque de cifras
La reforma a la salud, uno de los pilares del gobierno, ha sido objeto de intensas y largas discusiones desde que fue presentada por el gobierno la primera vez, especialmente en lo que respecta a su viabilidad económica y logística.
El Ministerio de Hacienda presentó un nuevo análisis fiscal, estimando que los gastos del sistema bajo el nuevo modelo alcanzarían los 180.4 billones de pesos para 2036. La financiación, que hoy se estima en el 5,88% del PIB, llegaría al 7,28% en el mismo período.
El rubro que más dinero demandaría es la ‘Mediana y alta complejidad’, con un costo proyectado de 112 billones de pesos para 2036. Sin embargo, no se han ofrecido detalles concretos y reales sobre esta estimación.
El segundo mayor gasto se destinaría a la atención primaria en salud, que incluye la implementación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial, así como el pago del personal y otros costos operativos.
Pese a los números presentados, los senadores de la Comisión Séptima mantienen sus reservas. Una de ellas, la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, ha sido una de las voces más críticas, señalando inconsistencias en las cifras del aval fiscal.
“Los números no cuadran: el aval fiscal habla de 44 billones desde aportes nacionales, pero el presupuesto 2026 promete 48,4 billones (sin contar el SOAT). Una diferencia de 4,4 billones que nadie explica”, denunció Hurtado, cuestionando la sostenibilidad fiscal de la reforma.
Tiempos y responsabilidades: ¿hay presiones del gobierno?
La senadora Hurtado también ha respondido a las presiones del presidente y del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la urgencia de aprobar el proyecto, luego de haber sido rechazado anteriormente.
“Ministro, estudiaremos la reforma a la salud con el rigor técnico y legislativo que el país merece. Los tiempos del trámite son del Congreso, no del Gobierno”, escribió la senadora, poniendo en su lugar la dinámica entre poderes.
Además, Hurtado señaló las contradicciones del Gobierno antes los resultados que han tenido sus acciones. “Su gobierno, a través de la Supersalud, intervino EPS prometiendo soluciones y terminó agravando la crisis”.
Por otro lado, aseguró que la reforma no ofrece soluciones inmediatas para la actual crisis que enfrenta el sistema de salud en general, con hospitales al límite y profesionales sin garantías laborales.
El presidente Petro, en su defensa, insistió en que una cosa es la crisis de las EPS —a las que llama “empresarios de la salud”— y otra muy distinta es la mejora del sistema de salud en su conjunto, citando avances en indicadores como la mortalidad materna e infantil.
Desde la Corte Constitucional tomaron decisiones sobre el tema
En medio de este fuego cruzado, la Corte Constitucional intervino con una decisión que contradijo la postura del Gobierno Nacional. El alto tribunal determinó que el Ministerio de Salud no ha demostrado la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado destina por cada afiliado.
De esta manera, la Corte concluyó que el mecanismo para fijar la UPC “requiere ser actualizado e incluir nuevas variables” y la declaró insuficiente para 2024, por lo que desde el Congreso los defensores de la reforma esperan que la Comisión Séptima dé una respuesta positiva este 2025.
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