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“No existe derecho al aborto”: la polémica declaración de Duque en evento con religiosos

El mandatario saliente afirmó además que el aborto no es un método anticonceptivo.

  • Iván Duque dijo que la discusión sobre el aborto no es anacrónica. FOTOS: JULIO CÉSAR HERRERA Y CORTESÍA
    Iván Duque dijo que la discusión sobre el aborto no es anacrónica. FOTOS: JULIO CÉSAR HERRERA Y CORTESÍA
06 de julio de 2022
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El presidente Iván Duque se refirió este miércoles al aborto. Durante la conmemoración de la libertad religiosa el mandatario criticó el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24.

“El aborto no es un método anticonceptivo. Si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto. No existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad”, opinó el jefe de Estado.

El comentario de Duque, a 32 días de terminar su mandato, supone un dardo contra la decisión de la Corte Constitucional del pasado 21 de febrero en la que otorgaron libertad a las mujeres para acceder al aborto, sin ser penalizadas, hasta la semana 24 de gestación.

Antes de esta decisión las mujeres solo podían interrumpir el embarazo en tres causales: violación, malformación del feto y riesgo en la salud de la gestante.

“Somos respetuosos de la legalidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción”, puntualizó Duque y añadió: “Vivimos en una sociedad donde muchos desprecian la vida, o unos pocos, pero tratan de convertir su forma de expresión en un criterio generalizable”.

Finalmente el mandatario manifestó que el país debería dar la discusión sobre el tema del aborto para construir una “sociedad progresista que proteja la vida”.

En el evento que participó Duque se dirigió a líderes de distintas religiones como la Católica, Cristina, Judía y Anglicana. El Comité Nacional para la Participación y Diálogo Social de la Libertad Religiosa suponen la articulación de la iglesia-Estado para promover políticas públicas que “defiendan la libertad religiosa y mejoras en la sociedad”.

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