Procuraduría investiga a directivos de la Ruta del Sol

Imagen de referencia de la Ruta del Sol. FOTO Julio César Herrera Echeverri

El representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti, y los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Alberto Mariño Samper, la Procuraduría General de la Nación les formuló pliego de cargos, por presunto uso indebido y apropiación de alrededor de $44.000 millones a través de terceros particulares.

De acuerdo con el organismo de control, los investigados, al parecer, permitieron que dentro de la concesionaria se utilizaran de manera indebida recursos públicos que estaban destinados a cumplir con el contrato número 0001 de 2010, entre la Agencia Nacional de Infraestructura (antes de Inco) y Ruta del Sol, “para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II”, dice la Procuraduría.

De igual manera, el ente de control señala que “los particulares aparentemente actuaron de forma irregular al permitir la celebración, pago y ejecución de contratos que suman $44.674 millones, por fuera de los fines de la concesión”.

Otra acción

La Procuraduría también cuestiona que Ferracuti y Arocha Alarcón pueden ser responsables de cohecho por dar y ofrecer, “ya que, como representante legal de la concesionaria y miembro de la junta directiva respectivamente, al parecer determinaron y realizaron la celebración y pago irregular de $24.510 millones”. Estos recursos, según la Procuraduría, salieron de la fiducia de la Concesionaria para entregar presuntas coimas y sobornos a otros particulares y servidores públicos.

En el caso de Arocha Alarcón, el ente señala que tuvo “una actuación transversal en todas las presuntas irregularidades y comisiones de delitos”.

Pero no solo se queda allí. La Procuraduría también señala que al parecer participó “en los primeros acercamientos y presiones al ex viceministro Gabriel García Morales” y en la contratación y autorización de presuntos pagos y contratos “irregulares, relacionados en desarrollo del negocio jurídico”.

Las indagaciones se dieron por cuenta de declaraciones del exsenador Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria, quienes según señala la Procuraduría, acusaron a Arocha Alarcón de “ofrecer sobornos con cargo a los recursos públicos de la concesión”.

Por su parte, en el caso de Mariño Samper, la Procuraduría sostiene que toleró y permitió que la concesionaria “utilizara indebidamente los recursos que tenían destinación exclusiva para la ejecución del contrato” mencionado.

Sobre el representante legal, la Procuraduría precisa que le reprochó la suscripción de contratos, aceptar órdenes de compra y autorizar pagos que “no tenían ninguna relación con el contrato de concesión”.