El exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se enfrenta a cada vez más puertas cerradas que buscan dejarlo sin salidas a su extradición y a un proceso en la Corte que avanza a toda marcha para enviarlo a celdas estadounidenses antes de que se acabe el gobierno de Iván Duque.
Esta vez fue la Procuraduría General de Nación la que le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que se mantenga en firme y niegue, en segunda instancia, aplicar las medidas cautelares que pondrían freno al proceso que adelanta la Corte Suprema desde octubre de 2021, mes en que el exjefe paramilitar fue capturado.
La petición formal –en poder de este diario– consta de 10 páginas y llegó a los pasillos de la JEP el pasado lunes como una respuesta a la apelación de la defensa de Otoniel.
En el documento, la Procuraduría replica los argumentos que usó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para negar las medidas cautelares y pide que, por ningún motivo, se le permita a Otoniel entrar como compareciente.
El argumento principal del ministerio público es que la Jurisdicción ya demostró que no tiene competencia para juzgar el caso y, por ende, debe mantenerse al margen de decisiones de ese tipo.
Según la entidad, en el auto que le negó la entrada al exjefe del Clan del Golfo “se advierte que el señor Úsuga David no es sujeto procesal de competencia de la JEP y, por lo tanto, no es destinatario de las medidas cautelares previstas”.
