El Centro Democrático y Cambio Radical presentaron ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que propone la creación de una sala dentro la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para juzgar a integrantes de las Fuerzas Militares.
Con la radicación de este proyecto se pretende dar cumplimiento a la ley de procedimiento de la JEP, en la que fue aprobado un artículo que permite la creación de una sala especial para que militares y policías que cometieron actos criminales durante el conflicto armado puedan ser procesados en esta instancia.
“Este es un proyecto que busca llevar a la realización eso que habíamos logrado al final de la legislatura pasada donde después de un acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, habíamos discutido la posibilidad de unas salas para las Fuerza Pública para que puedan ser juzgados con garantía”, dijo la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático).
De acuerdo con ambos partidos, el proyecto no modifica los acuerdos de La Habana porque dentro de este texto se decía que las Fuerzas Militares debían tener un trato diferenciado, pero no lo especificaba.
“Se tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional sobre estructura de la JEP, se establecieron institucionalmente el mismo número de salas, el mismo número de magistrados y se establece una asistencia técnica y gratuita a cargo del Estado. La mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, en muchos casos, no tiene cómo solventar esa defensa para que sea técnica. Buscamos que el tratamiento de quienes son protagonistas del conflicto tenga condiciones asimétricas”, expresó el senador Germán Varón Cotrino.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez agradeció el apoyo de Cambio Radical a la propuesta, en cabeza de Germán Vargas Lleras, y agregó que esta alianza puede generar que se logre un acuerdo con otras bancadas para poder sacar adelante esta iniciativa.
En las propuestas del proyecto se incluye que los magistrados de dichas salas deberán ser expertos en Derecho Internacional Humanitario con conocimientos en cómo funcionan las Fuerzas Armadas.
También se propone en el texto que las penas para miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el conflicto armado se cumplan en establecimientos especiales. Así mismo, podrán tener libertad condicional después de cinco años.
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