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Radican proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana

  • Con este proyecto de ley, el gobierno de Colombia busca fortalecer los instrumentos jurídicos para la persecución de los delincuentes. FOTO EDWIN BUSTAMANTE
    Con este proyecto de ley, el gobierno de Colombia busca fortalecer los instrumentos jurídicos para la persecución de los delincuentes. FOTO EDWIN BUSTAMANTE
COLPRENSA | Publicado el 18 de noviembre de 2021

El Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, radicó el proyecto de Ley que denominaron el ‘Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana’.

Este proyecto, de acuerdo con Molano, incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del registro nacional de identificación balística.

“Solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía Nacional para la contención del homicidio, alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, 6.133 en flagrancia y 9.387 por orden judicial. De las más de 6.000 personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86 %, es por esto que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”, informó Molano.

El ministro de Defensa manifestó además que se está fortaleciendo todo el espectro de la seguridad ciudadana, facilitando el desarme, desmantelamiento y judicialización a los criminales, y también se beneficia la Fuerza Pública, ya que se crea el derecho a la gratuidad en el acceso al servicio de transporte público masivo; atención preferencial y prioritaria por parte de las entidades del orden nacional, municipal y distrital y descuentos en tiquetes aéreos, hoteles y transporte público dentro del territorio nacional.

Este proyecto también busca modificar los artículos 310 (peligro para la comunidad) y 312 (no comparecencia) de la Ley 906 de 2004, con el fin de agravar nuevos comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana, como el uso de armas de fuego, armas hechizas y armas menos letales y la resistencia a los procedimientos de captura.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, radicó en el Congreso de la República este proyecto en el que venía trabajando el gobierno desde hace unos meses.


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