Al completarse 15 días de la resolución de la Alcaldía de Buenaventura que ordenó el cierre del puerto de Aguadulce porque al “parecer cuenta con licencias no legales y están evadiendo el pago de impuestos” y tras el rechazo generalizado de los gremios, ayer el vicepresidente Germán Vargas Lleras destrabó la decisión y anunció su reapertura. El argumento del Gobierno Nacional y de la misma Agencia Nacional de Infraestructura es que este es un proyecto de Nación y no municipal.
En ese sentido es importante anotar que Aguadulce es un puerto que se construye en Buenaventura desde 2007 con una inversión de 500 millones de dólares y que según la ANI en su primera fase, contempla un muelle de 600 metros y una capacidad inicial de 300.000 contenedores de 20 pies al año.
A pesar de lo atractivo de este proyecto, lo que sucedió fue que aunque su construcción avanza según cronogramas, la Alcaldía de Buenaventura decidió derogar la licencia de construcción del proyecto, entre otras cosas, porque según el ente municipal hace falta un plan parcial.
¿Solución?
Uno de las reacciones de rechazo más vehementes vino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ayer al mediodía, y sin entregar mayores detalles, anunció que el mismo alcalde, Eliécer Arboleda, fue y levantó los sellos en la obra. “Ojalá no se presente ningún incidente adicional que retarde esta obra. Fue el propio alcalde el que levantó los sellos, pero una inversión de 500 millones de dólares, estratégica para el país, no puede someterse a esto”, dijo el vicepresidente.
Frente al alcance de la decisión de la alcaldía, Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, explicó que el proyecto de Aguadulce es importante debido a que Buenaventura es “la ventana al Pacífico y allá tenemos que tener excelentes instalaciones portuarias. Este proyecto no solo nos garantizará mayor capacidad sino un mejor nivel de competencia en los servicios portuarios de Buenaventura”.
Frente al avance de la obra, explicó Andrade, que está prácticamente terminada y solo faltan unas obras pequeñas. “Realmente para comenzar a recibir barcos y prestar servicios lo único que le está faltando al puerto son unos trámites con la Dian, que esperamos estén listos muy pronto”.
Frente al cierre que decidió la alcaldía, dijo Andrade que es “inaudita e ilegal” argumentando que “este es un proyecto de orden nacional ya que está regulado por la ley de puertos. Quien establece y determina dónde va un puerto es la Nación. Además, en estos procesos participan los municipios antes de otorgarse una licencia de esta naturaleza”, añadió.
Entretanto, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, calificó la decisión de la Alcaldía como un “golpe traicionero”. Dijo que “la controvertida disposición no solo le pone freno a los esfuerzos que ha venido haciendo esa ciudad en términos de competitividad, sino que afecta de frente los intereses nacionales, más aún en razón de los tratados de libre comercio hoy vigentes y de los acuerdos bilaterales de protección a las inversiones extranjeras. Esto equivale a un golpe traicionero y envía una funesta señal para la inversión extranjera”.
US$500
millones es la inversión en el puerto de Aguadulce que se construye en Buenaventura.
