Por medio de una teleconferencia, el Parlamento de la Unión Europea se enteró de los avances del proceso de paz en Colombia. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el jefe del equipo negociador de las Farc, “Iván Márquez”, fueron los encargados de dar los discursos de ambos bandos.
Al término de su presentación, el representante del grupo subversivo sorprendió al hacer una petición a los diplomáticos.
“A nuestro juicio lo más justo y consecuente con la búsqueda de la paz, es borrar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas, con la misma celeridad con la que fuimos incluidos”, fueron las palabras del cabecilla, quien argumentó que con esa posibilidad “sería quitar del medio un gran obstáculo para la normalización política colombiana y la normalización a la vida civil de los guerrilleros”.
Para analistas, ese pedido de la organización rebelde es una clara intención de despejar el camino político para los líderes, sin embargo no será fácil que la Unión Europea los deje de considerar terroristas.
Enrique Serrano, profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dice que para que las Farc salgan de la lista de terroristas “supone una especie de perdón internacional, lo que les permitiría cierta libertad de movilidad para sus líderes ir a Europa, pedir asilo en países que estarían dispuestos a tenerlos y protegerlos como Noruega o Francia, sobre todo también con lo que tiene que ver con la legalización del dinero, producto de sus actividades ilícitas”.
Por su parte, Felipe Lopera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Eafit, cree que lo que las Farc buscan definir es cómo sería su injerencia en lo público, que el mundo los reconozca como una fuerza política.
“No será un proceso fácil, ellos tienen que entrar a discutir que sus vínculos con ETA o IRA no fueron para auspiciar aciones terroristas en territorio europeo, ahí el camino es bastante espinoso para ellos, pero no podemos olvidar que hace una década contaron con cierta favorabilidad política”, afirma Lopera.
Lo que está claro para ambos analistas es que el Gobierno colombiano no debería interceder para favorecer la petición de la guerrilla, ya que “sería un desacierto diplomático”.
