El presidente Gustavo Petro está muy solo en la Casa de Nariño. Esta semana decidió, para los últimos meses de su mandato, rodearse de perfiles de poca relevancia nacional, pues en su círculo siempre ha habido gente con líos. Hace un par de días se conoció que el cargo directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) será ocupado por Nhora Mondragón, la sexta en el cargo en tres años y medio. Se trata de una administradora de empresas que trabajó muy de cerca con Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. “Le manejaba todo lo administrativo allá”, dice una fuente del Pacto Histórico. Resulta que Mondragón terminó trabajando en el Ministerio del Interior y por su capacidad de trabajo y por ser un perfil no tan político, el ministro Armando Benedetti se la recomendó para el cargo en Presidencia. Aunque están alejados el jefe de Estado y el ministro de la política, fuentes dicen que “le está dando el margen de duda y lo necesita para las elecciones”.
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Competencia sana entre congresistas
Hay tres representantes a la Cámara por Bogotá que se han destacado por su trabajo denuncias contra el Gobierno Petro: Katherine Miranda, Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza. Las tres quieren seguir en el Congreso y estos días revelaron, cada una por su lado, serias denuncias sobre el “cartel de diplomas falsos” que opera en la U. San José con funcionarios y contratistas del Ejecutivo. Esa competencia por ver quién saca la mejor denuncia le sirve a la democracia, acostumbrada a ver legisladores que ni siquiera asisten a las sesiones y cobran el sueldo.
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¿Están imponiendo ley del silencio en hospitales?
El choque de esta semana entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, dejó un mal sabor en el sector de la salud regional. A raíz de la auditoría ordenada por la Supersalud contra esa entidad, en la red hospitalaria tanto pública como privada cunde la preocupación de que referirse públicamente a la crisis de la salud sea el detonante de procesos y trabas con el Gobierno Nacional, que además de la vigilancia del sector tiene control de la Nueva EPS y Savia Salud, las dos aseguradoras con las deudas más grandes. De los $8 billones que las EPS le deben a las IPS en Antioquia, $4,9 billones corresponden a las entidades en poder del gobierno Petro.
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