La delincuencia no tiene fronteras, por lo menos así queda claro con el reciente anuncio del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien ordenó el bloqueo inmediato de señales de celulares en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas).
“No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto”, afirmó el funcionario durante un acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de custodia del Inpec, realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá.
La razón se desprende del pedido formal del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha identificado que desde Cómbita se estaría controlando una red de estafas telefónicas que, según su denuncia, opera desde esa prisión colombiana y afecta a ciudadanos de varios países de la región mediante llamadas que simulan secuestros.
Idárraga advirtió que la extorsión desde prisión se ha “naturalizado” en el país y alertó sobre su expansión internacional. “No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica”, subrayó. Agregó que su despacho abrirá investigaciones y establecerá contacto con las autoridades salvadoreñas para verificar la información y definir eventuales responsabilidades.
El ministro también vinculó este fenómeno con los recientes atentados y asesinatos de funcionarios penitenciarios, y anunció la apertura de un espacio de diálogo con los sindicatos del Inpec para fortalecer las medidas de protección del personal.
Así opera la red denunciada desde El Salvador
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad del Salvador, expuso el modus operandi de los delincuentes que realizan llamadas en las que hacen creer a las víctimas que han sido secuestradas por supuestos integrantes de carteles, principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Los afectados —en su mayoría trabajadores de oficios como fontaneros y electricistas— son citados a lugares apartados, donde reciben instrucciones, entregan información personal y son presionados para pagar dinero a cambio de una supuesta liberación.
“El modus operandi es el mismo: llaman a un fontanero o a un electricista, lo citan a un lugar despoblado, le hacen creer que está secuestrado y le exigen dinero”, explicó el ministro.
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El rastro tecnológico: más de 375 números y apoyo de EE. UU.
Las investigaciones, añadió, apuntan a una organización criminal asentada en la cárcel de Cómbita, en Colombia. Dijo que desde ese centro penitenciario se han identificado más de 375 números telefónicos utilizados para las estafas, con prefijos de Colombia (57), México (52) y Guatemala (502).
Con apoyo tecnológico de Estados Unidos, las autoridades lograron rastrear el origen de las llamadas y establecer que actualmente hay más de 101 teléfonos activos operando desde esa prisión. Villatoro enfatizó que estos engaños no representan un riesgo físico real y descartó la existencia de secuestros o carteles operando en El Salvador.
“La solución más sencilla es no pagar y simplemente regresar a casa o al trabajo”, señaló. En la misma línea, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el país mantiene control territorial y que no existe una amenaza real de secuestro. “En El Salvador no hay una sola persona secuestrada. Son llamadas telefónicas destinadas únicamente a estafar”, afirmó.
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Operación Escudo Virtual: la respuesta judicial transnacional
Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado explicó que desde enero de 2024 se detectó la operación de estas estafas desde el extranjero y que, mediante la operación Escudo Virtual, se logró identificar a cerca de 2.000 personas utilizadas para movilizar los recursos obtenidos ilícitamente, así como desmantelar más de 114 estructuras financieras asociadas a la red.
Delgado advirtió que se trata de una organización criminal transnacional que opera en varios países de Latinoamérica e insistió en la importancia de la denuncia ciudadana, la cooperación internacional y la protección de datos personales para enfrentar este tipo de delitos.
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