El pasado 27 de mayo, la Comisión IV del Senado aprobó en tercer debate la reforma laboral, la cual incluye un cambio clave en el contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
La nueva propuesta aumenta la remuneración que reciben los aprendices: pasaría del 50% al 75% del salario mínimo durante la fase lectiva, y del 75% al 100% en la etapa práctica. Sin embargo, esta modificación viene acompañada de un artículo que ha encendido las alarmas en el Sena.
La preocupación principal de la entidad radica en la posibilidad de que las empresas puedan evitar el pago de la monetización del contrato de aprendizaje, una contribución obligatoria cuando no se vinculan aprendices directamente, si argumentan que no les fueron asignados, incluso si no demostraron un interés genuino en contratar.
Esta exención, según el Sena, “no solo pone en riesgo el modelo del contrato de aprendizaje, sino que también afecta directamente a las y los jóvenes que dependen de este sistema para acceder a oportunidades de formación y empleo”.
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En su comunicado oficial, el Sena subraya que el contrato de aprendizaje no es un beneficio opcional, sino una obligación derivada del artículo 54 de la Constitución Política.
“Ese apoyo no es una ayuda opcional, sino una garantía mínima para que las y los aprendices puedan continuar su formación sin verse forzados a abandonarla por razones económicas. Por eso, el contrato de aprendizaje es una herramienta clave para hacer efectivo el derecho a la formación para el trabajo, la inclusión laboral y la movilidad social”, dice el documento.
Este contrato se desarrolla en dos fases: la lectiva, centrada en la formación académica, y la productiva, donde el aprendiz se integra a una empresa. Durante ambas, recibe un apoyo económico que le permite sostenerse y evitar la deserción por motivos financieros.
La ley actual exige a las empresas con más de 15 empleados vincular al menos un aprendiz por cada 20 trabajadores. Si no lo hacen, deben pagar una cuota mensual al Sena. Estos recursos financian el sostenimiento de aprendices sin contrato y proyectos del Fondo Emprender.
“En 2024, el Sena recibió más de 263 mil millones de pesos por este concepto. De ese total, más de 52 mil millones se destinaron a apoyos de sostenimiento que ayudaron a 16.560 aprendices a continuar su formación. Más de la mitad de los casos de deserción en el Sena ocurren por falta de recursos económicos, por eso este apoyo es vital. El 80 % restante se destinó al Fondo Emprender”, expuso el comunicado.
La exención planteada en la reforma, según el Sena, abre la puerta a que algunas empresas abusen del sistema. Por ejemplo, podrían pedir aprendices en programas con alta demanda y pocos cupos, solo para justificar que no les fueron asignados, evitando así el pago obligatorio.
“El sistema tiene capacidad, la oferta de aprendices existe, y las herramientas para vincularlos están disponibles. Lo que se necesita es mayor compromiso por parte de las empresas, no abrir la puerta a que se desentiendan”, enfatizó la entidad.
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