El magistrado Jorge Enrique Ibáñez exigió aclaraciones sobre las actas del trámite de la reforma. Mientras la Corte insiste en subsanar vicios de procedimiento, el ministro del Interior acusa al magistrado de dilatar la decisión.
Un nuevo requerimiento de pruebas desató otro choque entre el Gobierno de Gustavo Petro y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez. Todo ello, en medio del embrollo jurídico que tiene en veremos la implementación de la reforma pensional a la espera de que se subsanen vicios de trámite.
La génesis del nuevo choque fue otro auto emitido por Ibáñez –fechado este martes 9 de septiembre–, en el que le pide a la Presidencia de la Cámara de Representantes que en el término de dos días, una vez notificada, remita un informe sobre el proceso de aprobación de las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025.
Fue en esas fechas, durante sesiones extraordinarias, en las que la Cámara adelantó la subsanación del trámite de la reforma pensional por orden del propio tribunal. Lo anterior, ante la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático), que reclamó que durante el trámite del proyecto presuntamente se eludió su trámite en la plenaria de la cámara baja.
Las actas son claves en tanto la Corte fue enfática en señalar que sin los documentos completas no habrá decisión de fondo alrededor de si fue legal o no el trámite de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del Gobierno Petro.
En ese sentido, Ibáñez solicitó una certificación formal en la que se indique, “de manera clara y expresa”, si las actas de las sesiones plenarias extraordinarias fueron aprobadas o no por la Cámara; la fecha en que se adoptó la decisión; el número de votos exigidos para su aprobación y el número de votos efectivamente obtenidos, e informar si alguna de las actas permanece pendiente de aprobación.
Además, una copia de los órdenes del día en los que se haya incluido como punto específico de discusión y eventual votación la aprobación de las actas. Lo anterior, atendiendo también una acción pública de inconstitucionalidad presentada por la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).
Según la congresista, en la Acta 256 –que data de la sesión del 27 de junio, en la que se anunció el proyecto–, solo había 77 representantes en la plenaria, un “número insuficiente para conformar quórum decisorio”. Por otro lado, frente al Acta 257 Miranda alegó que hubo constancias de varios congresistas en la que advierten que no pudieron votar, por lo que “no podían ser contabilizados como participantes de las votaciones allí consignadas”.
Justo esta semana se conoció que, atendiendo otro requerimiento del magistrado, el presidente de la Cámara, Julián López, remitió copia de las actas de las sesiones extraordinarias.
No obstante, ante el nuevo requerimiento para establecer la constitucionalidad del proyecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra el magistrado y lo acusó, sin más, de dilatar la discusión. Eso sí, sostuvo que se trata de una decisión atribuible solamente al magistrado y no al resto de la Corte.
“Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”, manifestó el jefe de la cartera política.
Según Benedetti, el magistrado “pidió una subsanación, que nunca había pasado en el país; luego pidió que se votaran las actas; ahora pide cómo fue la votación. ¿Qué es la pedidera de cuentas? Su labor es controlar que se haya cumplido la Constitución, pero él no la está cumpliendo”.
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