Los escándalos que salpican a la Casa de Nariño tocaron al ministro convocado a negociar las reformas que se tramitan ante el Congreso: el encargado de la cartera del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Prada.
El funcionario, señalado de darle diez cuotas de burocracia al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y en el ojo del huracán por llamar “cerco humanitario” al secuestro de 78 policías por parte de campesinos en Caquetá, es el mismo que tiene que sentarse con la bancada de Gobierno (Partido de la U, Liberal y Conservador) para finiquitar si esos tradicionales le van a pasar, o no, los articulados a Petro.
La Presidencia quedó encallada en ese escándalo justo cuando ya estaba jugándose sus cartas políticas con los partidos para negociar el apoyo a las reforma a la salud que promete tramitar este semestre, además del Plan Nacional de Desarrollo del que aún no se conoce una ponencia.
El escándalo puso a tambalear más los ocho votos que tienen esas colectividades en la Comisión Séptima de la Cámara, que es el epicentro para aprobar (o hundir) el articulado presentado por la ministra Carolina Corcho.
Ni al Partido de La U, los conservadores ni mucho menos a los liberales los había convencido el contenido de esos textos y las filtraciones sobre la presunta búsqueda de favores políticos por parte de Nicolás Petro –actual diputado en la Asamblea del Atlántico– terminó de enlodar las negociaciones con los tradicionales que aterrizaron en el “Gobierno del cambio”.
El camino resultó más fangoso en plena época electoral. Varias voces de esas colectividades temen que los votantes tradicionales les cobren seguir enfilados en el petrismo pese a los enredos que salpican al mandatario y, por eso, le dijeron a este diario que su “capacidad crítica” se acentuará por estos días.
Fuera de micrófonos, desde La U apuntaron que al país hay que responderle, por encima de los apoyos al Gobierno; los liberales sentencian que ya los cuestionamientos venían desde antes y que están esperando “cambios”; por el contrario, los conservadores son más pragmáticos y apelan por seguirse manteniendo dentro de sus líneas azules por las que ya vaticinan el rechazo de la reforma a la salud.
El senador del Partido Conservador, Germán Blanco, sostuvo que “el escándalo no para el trámite de los proyectos radicados y, menos aún, limita nuestra forma de pensar y votar contra lo que consideramos ilegal, injusto o inadecuado”.
No solo las profundas fisuras políticas enredan el trámite, el tiempo es el principal adversario de las pretensiones de Palacio porque aún no hay ponencias de la reforma a la salud ni del PND y las sesiones extras del Capitolio finalizan en una semana.
Desde el mismo Pacto Histórico reconocen la incidencia de ese factor. El senador Pedro Flórez afirmó que los espacios están ajustados porque “el trámite no pinta fácil”, aunque se mostró confiado en que esas aprobaciones sí llegaran.
Por su parte, el representante Andrés Cancimance apeló a que “en el periodo ordinario la reforma a la salud pasará de manera inmediata a la plenaria aunque, por supuesto, los textos tendrán variaciones porque es la dinámica propia de cualquier proyecto de Ley”.
Al cierre de esta edición, el gabinete estaba reunido en un Consejo de Ministros analizando el futuro de las reformas. Las voces están dispersas y el propio presidente del Senado, Roy Barreras, llamó al orden a la coalición reclamándole “concentrarse en aprobar las reformas”. No obstante, congresistas empiezan a mirar otras vías: los intereses de sus propios partidos ante un electorado que se alista para votar en octubre .
