Cuando Isa María Miranda, una mujer analfabeta que vive en uno de los barrios más deprimidos de Montería, recibió la notificación de la Registraduría en la que le advertían que había sido multada con dos millones de pesos, por no asistir como jurado de votación, no pudo contener las lágrimas.
Una angustia se apoderó de ella. Su esposo, quien trabaja arreglando sillas, se rebusca la comida del día, pero la situación de ambos es precaria. Escasamente sabe firmar, pues su padre la obligó a que lo aprendiera, pero jamás aprendió siquiera a leer.
Su nombre apareció en el listado de jurado de votación para las elecciones del Plebiscito por la Paz, que se realizó en octubre de 2016, pero ella insiste en que jamás le llegó esa notificación y pero aún de haberla recibido, tampoco hubiera podio ir porque ella es analfabeta.
Desde ese día, 2 de abril, esta mujer de 51 años no ha tenido paz. Es ama de casa y madre de tres hijos. Su único bien, el que podría embargar la Registraduría, es una casa a medio hacer en el sector El Ñipi, de Cantaclaro, una de las que en otrora tiempos fuera la invasión más grande del país.
Su hija, Katerine Paola Ortega Miranda, dijo que la Registraduría le dio 10 días hábiles para hacer los descargos, pero no esperaron ese tiempo. Se fueron inmediatamente para la entidad y allá les dijeron que no había nada que hacer y que la única alternativa era pagar porque el plazo para descargos había vencido el pasado 31 de marzo.
Se fueron entonces para la Defensoría del Pueblo con el fin de buscar ayuda. Allí un abogado se comprometió a ayudarla a resolver el asunto que desde hace varios días no le ha permitido conciliar el sueño.
Silvia Villa, defensora del pueblo, explicó que con la certificación de una declaración juramentada de una testigo se puede solicitar la revocatoria de la sanción ante la Registraduría. La familia ya hizo la tarea y consiguieron el testimonio de una vecina, Margarita Jiménez Galarcio, quien da fe que su amiga jamás fue notificada. Ese papel lo presentarán este viernes 7 de abril.
La Alcaldía de Montería también se ofreció a mediar. De tal situación fue encargado el secretario de Gobierno de Montería, Salim Ghisays, quien convocó de inmediato un comité de seguimiento electoral para tratar ese delicado tema y mirar cómo se resuelve la situación.
Que pudo pasar?
La Registraduría descartó que hubiera iniciado el proceso de embargo como se rumoró en Montería y que el documento que recibió fue una prenotificación.
Aunque no han dado una explicación formal del hecho, se conoció que la mujer habría sido inscrita en el listado entregado por el Centro Democrático y que en el mismo se establecía que ella era bachiller.
Isa Miranda no descarta que ella hubiera podido firmar algún documento de esos que circulan en las calles en épocas de elecciones. Sin embargo, advierte que jamás ha militado en partido político alguno.
Es usual en Montería y en Córdoba que a los habitantes, especialmente a los más pobres, los hacen firmar documentos para entregar prebendas y algunos de manera desprevenida lo hacen, sin medir las consecuencias que ello puede generar, indicaron algunos vecinos del sector.
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