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Los problemas de seguridad dejaron de ser el principal inconveniente para que la Unidad de Restitución de Tierras, URT, no pudiera trabajar en 1.110 solicitudes de víctimas que habitan en 23 municipios de Antioquia (ver mapa).
Esa entidad oficial anunció que luego de varias reuniones, el Ministerio Público, Acción Integral Contra Minas Antipersonal, el Ejército y la Policía Nacional establecieron condiciones favorables en el orden público para adelantar las tareas de restitución en puntos donde no se había logrado llegar por culpa de las amenazas de los violentos que persistían, o de huellas que dejó la guerra como los explosivos improvisados.
“Es muy grato ver articulado todo el aparato estatal en torno a las víctimas. Nuestro compromiso es que en 2020 la restitución llegue a todos estos territorios y con ello nuevas oportunidades”, aseguró Eliana Jaramillo, directora de la URT en Antioquia.
Desde esa unidad explican que estas 1.110 solicitudes no corresponden al mismo número de predios. Es decir, algunas de las reclamaciones son grupales. Podrán acceder al terreno y verificar, entre otras cosas, si ese pedazo de tierra tiene otros reclamantes o constatar si el terreno es objeto de restitución, algo que al final debe ser decidido por un Juzgado de Tierras.
El asedio de grupos armados ilegales como el Eln, las disidencias de las Farc, Caparros o Clan del Golfo, además de numerosas hectáreas contaminadas con minas antipersonal, impedían que en Bajo Cauca se pudiera avanzar en 227 solicitudes que estaban pendientes, “bien sea de reanudar trámites administrativos o viabilizar en el término de habilitar estas solicitudes”, explicaron desde la URT.
“Gracias a la articulación que logramos con el Ejército y la Policía Nacional podremos intervenir solicitudes que en estado de espera. Así les estamos cumpliendo a las víctimas del Bajo Cauca antioqueño”, aseguró el director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro.
A pesar de lo anunciado por la URT, en algunas de las administraciones municipales del Bajo Cauca que fueron beneficiadas, no tiene aún conocimiento de la noticia que beneficiaría a los campesinos desplazados en la época de la violencia.
Jonás Henao, alcalde de Valdivia, dijo a EL COLOMBIANO que no está enterado de lo que anuncia la URT. “Acá hay muchas tierras por formalizar, hay necesidades al respecto para cerca de 1000 familias. Esperemos que nos anuncien cómo se va a socializar el proyecto, cómo será con los beneficiarios, como acceder”.
Por su parte, Gladys Rebeca Miguel, alcaldesa de Tarazá, también aseguró no tener información de lo que va a ocurrir en esa población, sin embargo celebró la noticia.
“Son cosa buenas para el municipio y la gente que lo necesita. Acá poco se habla sobre el tema, muchas víctimas van directamente a las entidades estatales y no pasan por la Alcaldía. Además, por estos lados son muchas las tierras que están en extinción de dominio y eso dificulta cualquier trámite”, agregó la mandataria.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, en el departamento de Antioquia han sido restituidas 13.977 hectáreas, que benefician a 4.500 personas. Además, esa unidad ha entregado recursos por $16.575 millones para desarrollar 600 proyectos productivos de café, maíz, cacao, plátano, porcicultura y ganadería.