En conversación con Los Danieles, Daniel Coronell le hizo una pregunta de sí o no al candidato presidencial Roy Barreras. La respuesta ha encendido el debate político. Coronell preguntó: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquía tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno (Iván Cepeda)?”. Barreras respondió: “No, no solo en Antioquia, Daniel”.
La pregunta del periodista hizo referencia a una reciente polémica luego de que el Gobierno suspendiera las órdenes de captura de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, quienes se encuentran participando en las conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la cárcel de Itagüí.
A quienes se les suspendió la orden de captura fueron: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.
También están en esta lista Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.
Además, la medida beneficia a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.
El beneficio funcionará durante seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado, a petición de Gobierno Nacional y el avance de las negociaciones.
Al respecto, Barreras aseguró: “Estoy seguro que sí. Mire, le voy a decir, los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor Calarcá y la señora Erika (...) El señor Araña, que es el que controla, lo veíamos en el testimonio después de la tragedia del avión de la FAC en Leguízamo, que la gente decía: ‘Es que aquí ahora está todo tranquilo porque el pueblo está ordenado porque el que manda es Araña’”.
Barreras tomó como ejemplo a ‘Araña’, asegurando que “si manda Araña, pues decide la votación el señor Araña, porque obliga”.
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Alias Araña fue capturado hace más de un año. Geovany Andrés Rojas, alias la Araña, cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, fue sorprendido por las autoridades en el hotel Courtyard Marriot de Bogotá.
Aquel día, Otty Patiño aseguró: “Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes, están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, les dijo a los uniformados que llegaron a detener a ‘la Araña’.
La Fiscalía respondió por medio de X: “En atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, equipo de apoyo transnacional SIU, retuvieron en Bogotá a Geovany Andrés Rojas, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”.
Además de mencionar a ‘Araña’, Barreras tomó como ejemplo también al municipio de López de Micay, en el Pacífico colombiano, donde, según él, solo recogen las cédulas y marcan el voto preferente.
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Ni el Gobierno Nacional, ni el candidato Iván Cepeda Castro se han pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones de Roy Barreras.
¿Es viable levantar las órdenes de captura de los cabecillas en Antioquia?
Abogados consultados por EL COLOMBIANO señalan que la resolución carece de lógica jurídica. La premisa es simple: casi todos los que integran la mesa de negociación ya están condenados legalmente.
Los expertos precisan que, aunque se incluya a los 23 nombres, solo uno de ellos recibiría un beneficio judicial real durante los próximos seis meses.
Álex Morales, abogado experto en conflicto urbano, explicó que la resolución contiene errores sustanciales que afectan la seguridad jurídica y el futuro procesal: “desconoce el marco legal y reinterpreta la condición de los voceros como si fueran sujetos con órdenes de captura vigentes o como si existiera un riesgo real de reincidencia”.
En la misma línea, otros juristas sostienen que la figura de levantar capturas no aplica para condenados; para ellos, el camino técnico debió ser otro. Óscar Santamaría Puerta, abogado penalista, advirtió que “no hay claridad al respecto; lo que se debería aplicar, si fuera el caso, sería una suspensión eventual de la pena”.
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