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Ni la pandemia ha logrado detener las movilizaciones sociales en distintas ciudades del mundo.
Ya se vieron ejemplos en Hong Kong, a mediados de mayo, cuando volvieron a las calles para rechazar la nueva ley de Seguridad Nacional de China. También pasó en Estados Unidos hace tres semanas, cuando el movimiento Black Lives Matter tomó fuerza tras la muerte de George Floyd, quien murió por la asfixia provocada por un policía. Estas escenas se repitieron en Atlanta, tras el deceso de Rayshard Brooks, luego de que un oficial le disparó y lo mató.
Colombia tampoco ha sido ajena a este fenómeno, como quedó claro en Bogotá y Medellín hace tres semanas. Los manifestantes argumentaron motivos como retomar el paro que se inició en noviembre, rechazar el asesinato de líderes, el asesinato del afro Ánderson Arboleda en Cauca y, en general, contra la corrupción. Este fin de semana grupos de mujeres hicieron plantones en varias sedes del Ejército, para rechazar la violación de una niña indígena la semana pasada, en Risaralda.
Entran en disputa dos derechos, la salud y la protesta, pero ¿cuál debe primar en medio de la pandemia? El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dice que prevalece la protección de la vida y la salud.
Asegura que “en este momento, cuando el Gobierno Nacional ha autorizado prácticamente el fin de la cuarentena y muchas personas pueden salir de sus casas por causa de las muchas excepciones es muy difícil esa protección. Y entonces la gente sale”. Agrega el constitucionalista que si las manifestaciones se dan con el uso de tapabocas y el distanciamiento espacial, la libertad de reunión, expresión y protesta “son derechos fundamentales que el Gobierno no puede perseguir”.
Este es el tema que más preocupa en la actualidad y ha sido el argumento de Daniel Quintero, alcalde de Medellín; y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, para rechazar las movilizaciones. Por ejemplo, Quintero apuntó que la marcha de hace dos semanas incumplió las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la salud de los manifestantes y en general de la ciudad.
David Murcia, docente e investigador del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de Eafit, señala que en ningún caso se dice que no se puede protestar. “Estamos en democracia y facultados para hacer disenso, lo que no se puede hacer son los hechos barbáricos que se han cometido”. Sobre este punto, el alcalde de Medellín señaló que investigarán “si hubo exceso de fuerza”. El exmagistrado dice que la Policía debe actuar en términos proporcionados y respetuosos de la libertad.
En cuanto a la salud, el epidemiólogo Carlos Agudelo, de la Clínica Universitaria Bolivariana, sostiene que “no es conveniente participar en una protesta porque es complejo mantener las medidas de distanciamiento social” y el riesgo de contagio queda vivo.
Esta advertencia no es alejada de la realidad. En Madrid (España) el 8 de marzo por lo menos 120.000 personas marcharon en el Día de la Mujer, movilización que se convirtió en un diseminador del virus. El Ministerio de Sanidad dijo que cinco días después, los ingresos a los hospitales se multiplicaron por cuatro.
En medio de la coyuntura, otro ejercicio que ha tomado fuerza es manifestarse en redes sociales, a través de hashtags relacionados con el fenómeno que convoque. Sobre esto, Luis Trejos, docente de la U. del Norte, sostiene que “por la imposibilidad de cercanía social, las redes se han convertidos en el medio ideal para manifestarse y ejercer presión social”, motivo por el cual señala que son un medio válido y activo para manifestarse.
Las opiniones están divididas en cuanto a si las movilizaciones sirven o no. Unos dicen que sí, y mencionan el acuerdo logrado por estudiantes y docentes en diciembre de 2018, que fue el primer paro que tuvo que enfrentar el presidente Iván Duque.
Otros dicen que no, citando las marchas que empezaron en el país en noviembre del año pasado, que hasta el momento no han provocado cambios sustanciales o respuestas a sus requerimientos.
Murcia, de Eafit, sostiene que la utilidad de las marchas se debe analizar desde dos puntos de vista.
Lo primero, si sirven para cambiar determinaciones o políticas gubernamentales. Para Murcia, la respuesta es “no”. Y lo dice porque “los cambios han sido nulos”. Lo segundo, agrega, tiene que ver con la utilidad en sí misma de la protesta que, a su juicio, “no es necesariamente llevar a cambios, sino el ejercicio mismo de insatisfacción”.
Alejandro Palacio, líder juvenil y exrepresentante universitario, recuerda que el movimiento estudiantil, por ejemplo, ha logrado aspectos importantes a través de la movilización.
“En 2012 se logró tumbar una reforma a la educación que abría la posibilidad al ánimo de lucro y en 2018 se alcanzó un acuerdo para mejorar el presupuesto de la educación pública universitaria”, dice Palacio, quien precisa que la protesta también sirve para visibilizar causas y plantear soluciones.
Carlos Arias, docente de Comunicación Política del Externado, sostiene que sí sirve, porque es la manifestación de la inconformidad. “Es necesario el disenso y la multiplicidad de posiciones para que exista una democracia armónica y auténtica”.
Además, plantea que la otra mirada está en el cómo se protesta, es decir, “tener como enfoque el amparo de criterios razonables, con ejes de negociación y en la coyuntura que esté alimentada del sentido común”, por lo que argumenta que en Bogotá, ciudad con alerta naranja por covid, marchar resulta “disonante y no se conduele con las víctimas”.
Trejos hace hincapié en que sean pacíficas: “Movilización y protesta no son sinónimos de destrucción y caos”. Sobre la discusión, Lina Guisao, politóloga, especialista en Comunicación Política y coordinadora de la plataforma Derecho a no obedecer, indica que la movilización “es la forma de decir que el statu quo no funciona y que está dejando rezagadas a unas personas en la sociedad”..