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¿Sigue “crisis explícita” en sector salud? En el Congreso dicen que Gobierno la está “induciendo”

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que se está desfinanciando el sistema de salud por medio de decisiones técnicas. Por su parte, la también representante Jennifer Pedraza dijo que se le está quitando plata a la atención en salud para gastarla en atención primaria.

  • El Gobierno quiere darle un giro de 180 grados al sistema de salud por medio de la reforma que presentó en febrero de 2023 al Congreso. FOTO CORTESÍA
    El Gobierno quiere darle un giro de 180 grados al sistema de salud por medio de la reforma que presentó en febrero de 2023 al Congreso. FOTO CORTESÍA
26 de febrero de 2024
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El sistema de salud del país está al borde de un jaque en medio de un ajedrez político que lo tiene cercado con los alfiles, las torres y hasta los peones del Gobierno. Al menos así lo retratan dos congresistas independientes que han enarbolado la bandera del control político sensato al Ejecutivo y, en particular, a la reforma a la salud.

No es para menos. Ese proyecto de ley plantea darle un giro radical al sistema de salud como lo conocemos desde hace 31 años, lo que implica prácticamente sacar a las entidades promotoras de salud (EPS) del juego —o quitarles la mayoría de funciones, que es lo mismo— para que el Estado tenga más presencia y armar un modelo preventivo y predictivo.

La reforma busca, entre otros puntos, cambiar la manera en la que se administra la plata del sector. Es decir: que el Estado —por medio de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)— pague siempre directamente a hospitales y clínicas por los servicios que prestan a los ciudadanos para que las entidades promotoras de salud (EPS) dejen de recibir esa plata y se convertirían en Entidades Gestoras de Salud y Vida que revisen la facturación.

En medio del trámite que esa iniciativa debe surtir en el Congreso, el sistema de salud vive un verdadero despelote por la falta de plata en el que las EPS sostienen que la plata que el Estado les gira no alcanza para pagar todo lo que implica garantizar la atención en salud de los ciudadanos. A lo cual el Gobierno Petro insiste en que sí les alcanzan y hasta las ha tratado de mentirosas.

A esto en el Congreso lo han llamado la crisis financiera del sistema, que, según auguran los más pesimistas y conocedores del sector, está al borde de generar un colapso que, en distintos grados, afectará a millones de pacientes actuales y futuros.

En ese sentido, la representante a la Cámara Catherine Juvinao hizo una serie de denuncias que demostrarían que el Gobierno y todo el sector salud —en cabeza del ministerio del ramo— estarían propiciando este escenario, aun con advertencias de exfuncionarios que no tienen ni un mes de haberse ido.

Según Juvinao, durante la deliberación del incremento de la unidad de pago por capitación (conocida como UPC, que es la plata que les dan a las EPS para atender a sus afiliados) de diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud le solicitó a los miembros de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud que ese aumento fuera por debajo de la inflación con la que cerró el 2023, que fue de 9,28 %.

Allí fue cuando la congresista reveló que el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, le avisó que eso era un imposible en estos términos: “históricamente nunca se ha reconocido un incremento inferior a la inflación causada de la vigencia (año)”.

Siguiendo con los comentarios del exdirector González a esa comisión —que integran los ministerios de Salud y Hacienda, el DNP, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y un delegado de la Presidencia—, Juviano mostró que también hizo una alerta porque planearon que el 5 % de la UPC se destinara a pagar equipos básicos de salud para la atención primaria en el país.

Esto quiere decir que ese porcentaje de la plata que por ley es para atender a la gente por medio de su EPS se iría para financias esos equipos que, en plata blanca, funcionan como equipos extramurales integrados por profesionales de salud que hacen brigadas en territorio: una idea que ha impulsado el Gobierno.

Ante esta propuesta, González señaló que “designar a priori un porcentaje de la UPC para la financiación de equipos básicos requiere una evaluación de la suficiencia de la UPC para garantizar el PBS (plan básico de salud), que hasta el momento no ha sido presentada por parte del MSPS (Ministerio de Salud)”.

“Desfinancian lo que hoy se está usando en las atenciones para mandarlos a unos equipos de contratistas en los territorios”, que son “pelotones de contratistas del Gobierno por ahí deambulando porque no hay lineamientos todavía de qué van a hacer”, explicó Catherine Juvinao.

En su intervención, la representante de la Alianza Verde sugirió que esta fue una de las razones por las que Jorge Iván González renunció al DNP (que se dio el pasado 1 de febrero).

Aún así, el exfuncionario dejó una conclusión: “Se recomienda revisar el impacto en el sistema de salud de la decisión de incremento de UPC (...) con respecto al fallo sistémico que se pueda ocasionar y su relación con la continuidad y garantía de prestación de servicios de la población afiliada a estas entidades”.

“El doctor González les advirtió que iban a causar un fallo sistémico, entonces esa es la crisis explícita inducida, pero por completo y deliberada”, sentenció la congresista.

Entre tanto, Jennifer Pedraza del Partido Dignidad señaló otro frente de posible desfinanciación del sistema debido a decisiones del Ministerio de Salud.

Para el presidente Petro y su equipo la promoción en salud, la prevención de la enfermedad y la detención temprana —es decir, prestar servicios de salud a la gente más allá de los hospitales y clínicas para evitar o detectar rápidamente alguna enfermedad— es el non plus ultra en sistemas de salud.

Lo que no escucha el gobierno son las voces de técnicos y expertos que le advierten que los efectos de esa modelo se ven a largo plazo y no ayudan a reducir el gasto en salud. Como lo sostiene el médico y consulto Ramón Abel Castaño en su libro Reforma a la salud: ¿sí o no?, “los recursos (de la salud) son finitos y ello no permite satisfacer a cabalidad todas las necesidades de las personas en materia de anteción en salud”, por lo tanto, ”siempre habrá necesidades no satisfechas”.

En ese sentido, Pedraza reveló que los ministerios de Hacienda y de Salud le contestaron en un derecho de petición que planean financiar esos equipos territoriales de los que habló Juvinao —que pasan por los $61 billones, según sostuvo— de “la plata que hoy se gastan en la atención de mediana y alta complejidad”.

“Yo no puedo acompañar eso porque estamos hablando de gente que ya está enferma y que requiere tratamientos para sus enfermedades diciéndoles que les vamos a quitar la plata de esos tratamientos para invertirlo en atención primaria”, declaró Pedraza.

Sin ir más lejos, lo cierto es que estas denuncias le agregan más interrogantes a un sector enrarecido por dos frentes: la desidia de un Gobierno con un claro sesgo anti-EPS que no le reconoce ni un ápice de logros al sistema de salud y el trámite de una reforma que para académicos, estudiosos, independientes y oposición empeorará esta situación porque no ataca esta crisis y no soluciona los problemas de vieja data.

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