Luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe que advertía que las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció que evaluará la gestión y los resultados de los quienes están al frente de esas aseguradoras para determinar su continuidad en los cargos.
Hay que recordar que esas personas —cuyos cargos son los de agentes interventores— fueron nombrados por los antecesores de Quintero en la Supersalud y son los que han administrado nueve EPS que el Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido en los últimos tres años.
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“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”, aseguró el superintendente.
Según explicó la entidad, la evaluación del rendimiento tendrá en cuenta aspectos relacionados con la atención a los usuarios, los avances administrativos y financieros, así como la capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema de salud.
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“La revisión busca garantizar mejores resultados en la administración de las EPS intervenidas y avanzar en acciones que permitan proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios”, señaló la Superintendencia en un comunicado de prensa.
¿Qué dijo la Contraloría sobre las EPS intervenidas?
En un informe enviado a la Supersalud, la Contraloría advirtió el deterioro crítico y sostenido de las aseguradoras que están en intervención forzosa administrativa. Tras un seguimiento permanente, el ente de control concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema.
En ese sentido, señala que, por el contrario, se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del sistema de salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios.
La advertencia del ente de control giró en torno al deterioro financiero de las intervenidas y alertó sobre los riesgos que esta situación representa para la continuidad en la prestación de los servicios de salud. En ese sentido, aseguró que las dificultades económicas de estas entidades podrían afectar directamente a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios médicos.
Uno de los casos más preocupantes, a ojos del ente de control, es el de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados. Según la Contraloría, la entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a 2024 y 2025, situación que impide verificar la veracidad de su información contable. Además, se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
El informe también evidencia un fuerte deterioro en los indicadores de endeudamiento de varias EPS intervenidas. En el caso de Savia Salud, el nivel de endeudamiento pasó de 4,41 a 11,73 por ciento, lo que representa un incremento del 166 %. A su vez, Coosalud y Famisanar registran niveles críticos de solvencia y patrimonios negativos que reflejan una creciente fragilidad financiera.
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