Como “inadmisible” calificó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, que modificó otro de 2016 sobre el modelo preventivo, predictivo y resolutivo en Colombia. Con este, se introducía una serie de cambios al sector que son los que propone la reforma a la salud que el Gobierno lleva casi tres años impulsando sin éxito en el Congreso de la República.
En un trino publicado horas después de conocerse el fallo, Jaramillo señaló que la orden de suspensión es “atentar contra este modelo” e “ir en contra de la vida misma”.
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“El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación”, escribió el ministro.
Por otro lado, expresó sobre el fallo de la alta corte que “la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo” y que “los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho”, en referencia a los actores que él y el presidente Gustavo Petro han acusado de ser los culpables de todos los problemas del sistema: las entidades promotoras de salud (EPS).
“No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, finalizó la reacción de Guillermo Jaramillo, dando a entender que seguirán adelante con los cambios que han estado implementado referente a los equipos extramurales de salud e inversión en infraestructura hospitalaria.
¿Qué ordenó el Consejo de Estado sobre el ‘decretazo’?
En un fallo que estudió una demanda presentada por el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), el Consejo de Estado le recordó al Ministerio de Salud —que expidió el decreto— que es el Congreso el llamado a crear, reformar, derogar e interpretar la ley, teniendo en cuenta que se trata de una atribución de competencia otorgada por la propia Constitución.
“Tal sustitución no constituye una reglamentación técnica, sino, se insiste, una reforma estructural del modelo de salud que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo y vulnera el principio de legalidad al invadir competencias reservadas al Congreso de la República”, advirtió la decisión de 43 páginas.
En ese sentido, con base en postulados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado advirtió que, en materia de seguridad social y salud, el Legislativo es el primer llamado a delimitar el contenido, alcance y procedimientos para su exigibilidad.
Por ello, concluyó de forma tajante que al adoptar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno Petro extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley.
“Es dable concluir que el Decreto 0858 de 2025 modificó los componentes esenciales del sistema de salud (...) que implicó la regulación de elementos estructurales como la concreción de los principios de integralidad y continuidad, la regulación integral de la prestación del servicio de salud, las nuevas reglas de juego para los prestadores y las nuevas competencias a las entidades territoriales”, se lee el fallo firmado por la magistrada Nubia Peña Garzón.
Finalmente, la decisión del alto tribunal advirtió que “las medidas adoptadas por el Gobierno mediante el decreto demandado corresponden al ámbito de configuración legal reservado al legislador, de ahí que sea concluyente que tales transformaciones estructurales del sistema deben ser objeto de debate y aprobación en el marco del trámite legislativo y no mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria”.
¿Qué decía el decreto del Minsalud?
También ponía en marcha cambios en torno a un enfoque de territorialidad por medio de la Atención Primaria en Salud, la redefinición de la operación de las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entes territoriales, la industria farmacéutica, los operadores logísticos y la creación obligatoria de las RIITS (redes integrales integradas territoriales de salud).
Al final del documento se expone que ese modelo “se financiará con cargo a los recursos del aseguramiento en salud administrados por la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud), el Sistema General de Participaciones, los recursos del Presupuesto General de la Nación que para el efecto se asignen y de otras fuentes que (...) puedan destinarse a tales fines”.
Lo problemático de esa financiación está en la plata que saquen del aseguramiento en salud administrados por la Adres. Es decir, de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata para garantizar que la gente pueda ir al médico y que los pacientes continúen sus tratamientos.
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Preguntas sobre la nota:
- ¿Qué es el “decretazo” de salud del Gobierno Petro?
- Es el Decreto 0858 de 2025, que buscaba aplicar el modelo preventivo y predictivo del sistema de salud antes de la aprobación de la reforma en el Congreso.
- ¿Qué dijo el ministro Guillermo Jaramillo sobre la suspensión?
- Calificó la decisión como “inadmisible” y aseguró que el Gobierno no se detendrá en los cambios al sistema sanitario.
- ¿A quién afecta la suspensión del decretazo?
- Impacta los planes de reorganización territorial del sistema y los nuevos esquemas de atención y financiación que se pretendían implementar.
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