El Ministerio de Salud decidió prolongar la intervención forzosa administrativa contra la EPS Asmet Salud, una medida que vencía el 11 de junio de 2026. Con la nueva resolución, el control del Gobierno frente a la aseguradora se extenderá hasta el 12 de junio de 2027 o antes si así lo determina la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con lo establecido en la resolución 239 de 2026, el ente de vigilancia identificó que, según sus criterios, los compromisos fijados en el plan de mejoramiento de la EPS no se han cumplido en su totalidad.
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El Minsalud también advirtió sobre persistentes dificultades en el acceso oportuno a los servicios médicos por parte de los usuarios. A esto se suman el desempeño desfavorable en los indicadores de atención, así como fallas en la gestión del riesgo en salud y en el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos.
Desde la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones se alertó que levantar la intervención en las condiciones actuales podría generar consecuencias negativas para la población afiliado. Entre ellas, se destaca el riesgo en la continuidad del aseguramiento de más de 1,8 millones de afiliados y posibles afectaciones en la prestación del servicio en regiones donde la EPS tiene alta presencia.
Así mismo, el concepto técnico citado en la resolución advierte que una terminación anticipada del proceso comprometería la efectividad de las medidas correctivas que se encuentran en marcha, lo que podría agravar la situación del sistema de atención para los usuarios.
Con esta nueva prórroga, Asmet Salud completaría cuatro años bajo intervención de la superintendencia y del ministerio del ramo, siempre que no haya decisiones anticipadas por parte de la primera. La medida inicial fue adoptada el 11 de mayo de 2023 y, desde entonces, ha sido extendida en tres ocasiones mediante resoluciones sucesivas que han prolongado su vigencia. La más reciente fue la del pasado 11 de mayo, cuando señalaron que si bien durante el periodo de intervención se han evidenciado algunos resultados positivos, las dificultades que motivaron la toma de posesión no han desaparecido completamente.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación adoptó en marzo una decisión disciplinaria al suspender provisionalmente por tres meses a Lain Eduardo López Martínez, quien ejercía como agente especial interventor. La medida se fundamentó en presuntas fallas que habrían deteriorado la calidad del servicio prestado a los afiliados.
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El organismo de control también inició investigaciones contra otros exinterventores, entre ellos Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar. En este contexto, la Supersalud designó en abril a Jessica Milena Aguirre Santana como interventora temporal, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso y la estabilidad en la atención a los usuarios.
Vale recordar que a principios de junio el superintendente Daniel Quintero nombró como agente interventor de Asmet Salud a Mario Fernando Córdoba, quien fue gerente del Hospital General de Medellín durante su administración en la ciudad. El funcionario salió de ese cargo arrastrando con múltiples denuncias por su gestión y hasta procesos disciplinarios asumidos por la Procuraduría General de la Nación.
En abril pasado un grupo de trabajadores de la aseguradora señalaban que completaban dos meses sin salario ni pago de su seguridad social.
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