La organización Pacientes Colombia logró llevar su denuncia sobre la crisis del sistema de salud al escenario internacional tras ser escuchado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia se realizó en Washington D. C., donde los voceros expusieron la magnitud de lo que califican como una crisis humanitaria desde la perspectiva de los derechos humanos.
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El encuentro con la REDESCA marca un hito para esta organización de pacientes, que acudió al Sistema Interamericano tras agotar, según afirman, las instancias nacionales. La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes presentaron un informe técnico de más de 80 páginas con evidencia cuantitativa, judicial y gremial.
El documento sostiene que existe una “crisis humanitaria inducida por el Gobierno Nacional contra más de 50 millones de colombianos”. A diferencia de una denuncia convencional, el informe aborda la situación desde la óptica de la responsabilidad internacional del Estado, analizando posibles vulneraciones a tratados suscritos por Colombia.
Entre ellos se menciona el Protocolo de San Salvador, instrumento que desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. Según el movimiento, se estarían afectando garantías fundamentales como el derecho a la salud, la vida, la integridad personal y la dignidad humana.
“Estamos ante un genocidio silencioso”, afirmó Denis Silva durante la sesión. El vocero aseguró que la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026, mientras más de 400 medicamentos presentan desabastecimiento y al menos 40 instituciones de salud han cerrado en los últimos dos años.
“Los pacientes crónicos y los médicos están siendo sacrificados por una fuerza ideológica que prefiere destruir el sistema antes que financiarlo. Esta crisis no es técnica, sino una decisión política que está costando vidas colombianas. Que el mundo lo sepa: en Colombia, el derecho a la salud se ha convertido en una lotería de supervivencia”, agregó Silva.
El informe también documenta el aumento del 92 % en las acciones de tutela relacionadas con salud, así como un incremento del 144 % en incidentes de desacato. A ello se suma un crecimiento del 41 % en las peticiones, quejas y reclamos entre 2022 y 2025, reflejando el deterioro en el acceso efectivo a los servicios médicos.
Uno de los puntos centrales es el presunto incumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Constitucional, particularmente el auto 007 de 2025, que declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó su reajuste. Según los denunciantes, el retraso en la transferencia de 819.000 millones de pesos ordenados judicialmente motivó incluso la apertura de un incidente de desacato contra el ministro de Salud.
La solicitud para que se declarara el Estado de Cosas Inconstitucionales fue respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, pero fue negada en agosto de 2025. Para Pacientes Colombia, esta decisión dejó a los afectados en un estado de indefensión que justificó acudir a la instancia internacional.
Linda Castro, vocera jurídica del movimiento, sostuvo que el Gobierno estaría vulnerando los principios de progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. “La vía interna está agotada. Cuando el Estado desacata órdenes judiciales y no garantiza recursos ya reconocidos, se configura una responsabilidad internacional por omisión”, afirmó.
“El Gobierno desacata las órdenes judiciales y viola los principios de progresividad y prohibición de regresividad consagrados en el Protocolo de San Salvador. Lo que vive Colombia es una responsabilidad internacional del Estado por omisión: tiene los recursos y la orden judicial, pero ha decidido usar la salud como moneda de presión política”, añadió Castro.
Las cifras presentadas incluyen el despido o reducción de jornada de 12.000 profesionales de la salud y la precarización laboral del 80 % del personal mediante contratos sin estabilidad. Asimismo, alertan sobre el impacto directo en poblaciones vulnerables: más de 5,5 millones de personas con diabetes, 750.000 pacientes oncológicos, 190.000 con VIH, 150.000 en diálisis, 100.000 con enfermedades huérfanas y hasta 30.000 trasplantados.
“Para un paciente con trasplante o enfermedad rara, la interrupción del tratamiento es una sentencia de muerte”, declaró Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo. El dirigente aseguró que la situación constituye una violación de derechos humanos y pidió que se adopten medidas cautelares colectivas para quienes enfrentan la suspensión de terapias vitales.
En el marco de una alianza estratégica con la Organización de Pacientes de Alto Costo, el movimiento solicitó a la CIDH una visita oficial a Colombia, la elaboración de un informe temático sobre la regresión del derecho a la salud y la convocatoria a una audiencia pública. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Nobel de Paz Rigoberta Menchú, quien expresó su apoyo a la causa y subrayó la necesidad de reconocer a los afectados como víctimas y garantizar un acceso digno y equitativo a los servicios de salud.
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