El superintendente Nacional de Salud (e), Jaime Hernán Urrego, informó que su despacho acatará el fallo judicial que ordena la suspensión provisional de la medida de intervención a Coosalud.
Así lo comunicó el funcionario, al asegurar que ya fue citada una reunión con el objetivo de garantizar una entrega ordenada.
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“Para ello, se citó una reunión con diferentes actores, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, al agente interventor y a un equipo de esta Superintendencia, con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda”, indicó el superintendente.
Urrego también informó que la Superintendencia presentó un recurso de aclaración ante el Tribunal de Cartagena, con el fin de que se precise exactamente quién es la figura que deberá recibir la EPS Coosalud.
No obstante, el funcionario enfatizó que la Supersalud presentó una apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar en el que ordenó la suspensión de la intervención a la EPS.
“Queremos informar que se ha dedicado también una apelación como corresponde el derecho en relación con este auto que hemos recibido desde el 14 de abril, esto sin perjuicio de continuar aceleradamente en la preparación del proceso, de tal manera de que lo que prima aquí es la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados a la EPS”, agregó el funcionario.
Vale recordar que la decisión del mencionado tribunal responde a una acción popular que fue presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S. (Multiservicios OL) y los ciudadanos Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
Estos aseguraron que “la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”.
En términos técnicos, el tribunal decretó la suspensión provisional de la resolución con la que la Supersalud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Coosalud EPS S.A. Otra resolución es del 21 de noviembre, por la que prorrogó la medida de intervención por el término de un año.
“Ante la evidencia de que la prolongación de la medida administrativa no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados, y el goce efectivo del derecho a la salud, resulta imperativo para el juez constitucional intervenir mediante el decreto de la medida cautelar solicitada”, dice el fallo.
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