La controvertida propuesta de crear una Corte Agraria, que fue respaldada por el Gobierno, sufrió un traspié este martes en el Congreso después de quedarse varada en su trámite legislativo, tras el pedido que hicieron los presidentes de las altas cortes para que no fuera aprobada.
Todo ocurrió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde este martes se aprobó en quinto debate el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Rural para abordar conflictos de tierras, pero la iniciativa pasó sin la Corte Agraria que la acompaña.
Y es que la mayoría de los integrantes de esa Comisión respaldó la creación de la Jurisdicción Agraria, pero el articulado que proponía crear la controvertida Corte Agraria se quedó en el camino y no logró ser aprobado.
Antes de su hundimiento, sectores afines al Gobierno señalaron, pese a la negativa de las altas cortes, que la creación de esa corte que abordaría temas agrarios sería “necesaria” para tener un alto tribunal dedicado a la atención de los conflictos de tierra.
“Le insistimos al Gobierno que es necesario que la Jurisdicción Agraria cuente con una Corte Agraria y Rural, que sirva como órgano de cierre para sentar jurisprudencia y atender la complejidad de los conflictos sobre la tierra en el país”, dijo el representante Luis Alberto Albán de Comunes.
Estos llamados no impidieron que se hundiera esta propuesta en el Capitolio, pues durante el debate estuvieron presentes los ministros del Interior y de Justicia, Alfonso Prada y Néstor Osuna, respectivamente, quienes poco pudieron hacer para tratar de salvar la Corte Agraria.
La semana anterior, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez; y del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, le pidieron a esa Comisión no aprobar la iniciativa argumentando que muchas de las funciones que ejercería esa nueva corte ya las cumplen la Sala Civil de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Al respecto señalaron que es indispensable poner en marcha cuanto antes un sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en las áreas rurales.
No obstante, destacaron que “esta justicia sólo se concretará y será posible con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras”.
