El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay no solo estremeció al país por la violencia del ataque, sino porque, meses después, dejó al descubierto una operación criminal estructurada, planificada con días de antelación y ejecutada por una red que conectó delincuencia urbana con una disidencia de las Farc.
Todo comenzó la tarde del 7 de junio de 2025. Eran las 5:30 p. m. cuando el entonces senador y precandidato presidencial adelantaba una actividad política en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
En cuestión de segundos, al menos ocho disparos rompieron la escena. Uribe cayó inconsciente mientras quienes lo rodeaban intentaban detener la hemorragia. “No puede ser, ¿por qué pasan estas cosas?”, gritaba una mujer en medio del pánico.
El dirigente, de 39 años, fue trasladado de urgencia a la Clínica Medicentro, donde su equipo, aún con la ropa manchada de sangre, aguardaba noticias sobre su estado. El 11 de agosto, tras dos meses luchando por su vida, falleció.
Pero lo ocurrido esa tarde no fue un hecho espontáneo. La investigación de la Fiscalía, que dos días después del atentado, el 9 de junio, creó un equipo especial con la Dijín y el CTI, ha permitido reconstruir cómo se gestó el crimen.
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Segunda Marquetalia, autor intelectual
Aunque desde hace varios meses se especuló sobre la posible participación de la Segunda Marquetalia en el crimen, solo hasta esta semana la Fiscalía confirmó que fueron ellos quienes ordenaron la acción criminal. Según el ente acusador, no se trató de un crimen aislado ni de una decisión local, sino de una orden que se habría tomado en los niveles más altos de esa disidencia, con el propósito de “generar un impacto directo sobre la democracia y el escenario político del país”.
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De acuerdo con la investigación, la disidencia definió el “qué” y el “por qué” del crimen. La orden habría sido transmitida a través de uno de sus cabecillas, alias “el Zarco Aldinever”, quien, a su vez, se habría articulado con Henry Telles, integrante del Frente 53 de las antiguas FARC. Este último aparece como el hombre que tradujo la directriz criminal en un plan concreto, coordinando la logística, los recursos y los contactos necesarios para ejecutar el atentado.
El escenario donde se habría planeado el magnicidio apunta fuera del país. Las líneas más recientes de la investigación ubican esa fase en zonas de frontera, especialmente en territorio venezolano, donde históricamente se han refugiado y han mantenido operaciones los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez.
La gran pregunta que sigue sin resolverse es: ¿por qué Miguel Uribe? Aunque la Fiscalía insiste en que el crimen tuvo una motivación política y buscaba impactar el escenario democrático y electoral, hasta ahora no ha dado precisiones sobre las razones concretas que llevaron a convertir al senador en objetivo de esa operación criminal.
Ejecución del magnicidio
Una vez Iván Márquez, alias el Zarco Aldinever, y otros cabecillas de la estructura habrían definido el crimen, se activó una cadena de articulación que terminó conectando esa orden con una red de delincuencia urbana en Bogotá, encargada de ejecutar el atentado.
La estructura delincuencial, que operó como una especie de “outsourcing criminal” y que fue la encargada de materializar el ataque en Bogotá, es la que hoy está, en gran parte, identificada y judicializada por la Fiscalía.
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En ese nivel operativo aparece Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo quien fue contactado para planear el ataque, labor para la cual encomendó la articulación de la logística y los roles a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”.
Este último fue quien, según los testimonios y las pruebas técnicas, comenzó a mover las fichas días antes del crimen. El 2 de junio contactó a un motociclista y le pidió conseguir a quien ejecutaría el homicidio. El requisito era que debía ser menor de edad.
El plan se terminó de ajustar el 6 de junio, un día antes del ataque. En una videollamada, alias El Costeño apareció junto al joven de 15 años que finalmente dispararía contra el senador. “A él es al que usted va a sacar mañana”, le dijo al motociclista, asignándole el rol de facilitar la huida.
El 7 de junio, día del atentado, todo estaba dispuesto. Alias El Costeño dio las últimas instrucciones y envió 20.000 pesos por Nequi para abastecer la motocicleta que haría parte de la logística. Sin embargo, uno de los implicados llegó tarde. Mientras estacionaba, escuchó los disparos. Intentó comunicarse sin éxito y terminó abandonando el lugar.
Esa cadena, desde la orden en la Segunda Marquetalia, pasando por el enlace de Henry Telles, hasta la ejecución por parte de la red urbana de alias “El Costeño”, es la que hoy tiene reconstruida la Fiscalía. Una estructura en varios niveles que explica cómo se planeó y ejecutó uno de los crímenes más graves de los últimos años en Colombia.
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Condenas por el magnicidio de Miguel Uribe
Por el crimen del senador, han sido judicializadas nueve personas, todas privadas de la libertad, por delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, entre otros.
Tres de los implicados ya fueron condenados mediante preacuerdos. Entre ellos, alias El Viejo, considerado enlace entre los determinadores y la red ejecutora, sentenciado a más de 22 años de prisión; Carlos Mora González, condenado a 21 años por labores de vigilancia y apoyo logístico; y Katherine Andrea Martínez, quien participó en la planeación y recogió el arma usada en el atentado, condenada a más de 21 años.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo operó la red de sicarios en Bogotá contra el senador?
- El crimen se ejecutó mediante una red urbana liderada por alias El Viejo y alias El Costeño, quienes reclutaron a un menor de 15 años para disparar y coordinaron la huida mediante pagos electrónicos y vigilancia previa.
- ¿Cuáles son las condenas actuales por el caso Miguel Uribe?
- Hasta marzo de 2026, tres personas han sido condenadas: alias El Viejo (22 años), Carlos Mora González (21 años) y Katherine Andrea Martínez (21 años). Hay otros seis procesados bajo custodia.
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