De la posible desmovilización de la guerrilla de las Farc se desprenden varias preguntas: ¿qué ocurrirá con los municipios donde controlaban la minería ilegal y cultivos ilícitos? ¿El Estado tiene algún plan para evitar que aumenten los niveles de inequidad, pobreza, clientelismo y corrupción en las zonas de conflicto? Una investigación de 600 páginas escrita por la senadora Claudia López (del partido Alianza Verde) trata de resolver estas y otras incógnitas que surgen cuando se piensa en el “posconflicto”. El libro, “¡Adiós a las Farc! ¿y ahora qué?” ya está disponible en las librerías del país. Es, a su vez, la tesis doctoral de López para la Universidad de Northwestern (Estados Unidos).
Usted analizó 10 procesos de paz en Colombia durante los últimos 30 años...¿Qué lecciones dejan?
“La primera es que desmovilizar sí paga. Las desmovilizaciones, ya sea de pequeños grupos guerrilleros o de grandes grupos paramilitares, han tenido efectos positivos en los municipios donde operaban esos grupos armados. En los casos donde operaban las guerrillas se han reducido los homicidios, los secuestros, ha mejorado el recaudo de impuestos y el nivel de participación política. En el caso de los paramilitares se redujeron los homicidios y se redujeron las masacres y el desplazamiento, aunque curiosamente no mejoró la participación política y el recaudo de los municipios incluso empeoró en vez de mejorar. Lo segundo es que el conflicto armado ha estado motivado, en buena parte, porque los grupos migran hacia donde hay incentivos de redes políticas que les ofrecen impunidad e incentivos de economías de enclave de ilegalidad, sea coca o minería. Lo que hay que hacer es llegar a donde hay incentivos de impunidad política y de economía criminal, porque ahí van a tender a reproducirse los factores de conflicto. Lo tercero es que el Estado tiene que construirse en esas regiones para reemplazar el orden de los armados”.
Que el Estado llegue a las regiones...
“Para remplazar a los grupos que desmovilizamos por instituciones en el territorio somos un fracaso. Los Gobiernos van a la foto de la desmovilización, invierten en algunas cositas mínimas de infraestructura y de inversiones sociales y se van. El Estado no se queda, no construye seguridad ni justicia para remplazar la que ofrecían los ilegales. No construye instituciones que sean capaces de recaudar impuestos, que remplacen el secuestro y la extorsión que tenían los ilegales. No se queda a construir los bienes públicos que necesitan los campesinos y los colombianos para tener economías legítimas”.
¿Qué cambios administrativos tendrían que realizarse?
“La visión de paz del Gobierno es ‘desmovilicemos a las Farc para que todo el resto siga igual’, que los poderosos sigan siendo poderosos, que la política siga administrando este país como la administra hoy, es decir, sigamos feliz en el mundo de la inequidad y de la corrupción en el que estamos. Esta ecuación siempre ha salido mal. Si se mantiene ese mismo nivel de corrupción y clientelismo pues la regiones van a seguir sin Estado y habrá Bacrim, Facrim o lo que sea que explote esa ausencia del Estado”.
¿Qué han logrado desde el Congreso?
“En los próximos 20 años cada Gobierno tendrá que incorporar un plan de inversiones para la paz, adicional a las inversiones que están establecidas para los municipios donde hay economías criminales, víctimas del conflicto armado y precariedad institucional. Eso es lo máximo que hemos logrado adelantar por iniciativa del Congreso hasta hoy”.
Usted también habla sobre los problemas de la descentralización en Colombia ¿En qué se falló?
“No hay manera de fortalecer el Estado en las regiones con este nivel de recentralización que ha habido en los últimos 10 años. En los ochenta el centralismo era el peor de los males de Colombia, por eso decidieron descentralizar. Fue bueno darle autonomía política a las regiones, darle la oportunidad de elegir a sus gobernantes en lugar de nombrarlos en Bogotá, eso tuvo un impacto positivo. Hoy se presta mejor educación, salud y servicios públicos que hace cuarenta años. Sin embargo, la descentralización se hizo sin tener en cuenta que en la mitad del territorio colombiano no había Estado. Las alcaldías no tenían la fortaleza institucional y no se hizo nada para construirla en los siguientes 30 años. Las alcaldías eran débiles y siguen siendo débiles. No hay secretarías de Hacienda ni de Planeación sólidas, no hay una mínima tecnocracia local para administrar el territorio. ¿Qué pasó entonces? Con municipios con más autonomía política y más plata se generó un incentivo para la corrupción y para los ilegales. Se fueron a cooptar esos sitios porque había una nueva fuente de recursos”.
¿Qué ha pasado exactamente en los últimos 10 años?
“Un proceso de recentralización. Cada vez le recortan más plata a las alcaldías y a las gobernaciones y se la mandan al Estado central para que la administre con el argumento de que en las regiones hay más corrupción. Y lo cierto es que la corrupción no disminuyó, lo que hizo fue cambiar de manos. Ahora los grandes intermediarios de la corrupción son los congresistas. El Gobierno central maneja esa plata de manera mucho más discrecional. Mientras que con el Sistema General de Participaciones (SGP) las transferencias van a las regiones con controles y auditorías, en el presupuesto de inversión regionalizada del Gobierno Nacional se decide por debajo de la mesa cómo comprar congresistas para que apoyen al Gobierno. Esto termina siendo un desastre, con el agravante de que cada vez hay más plata centralizada y menos regionalizada. Hace ocho años el SGP tenía 19 billones de pesos y el presupuesto de inversión regionalizada 20 billones de pesos. Hoy en día, el de inversión regionalizada, que es de donde sale la mermelada, tiene 46 billones de pesos y el del SGP 30 billones de pesos. Son 16 billones de pesos de diferencia con los que se tienen grandes mordidas de corrupción, con el agravante de que tenemos un presidente débil, al que le cuesta caro la extorsión de los congresistas. No es que Santos sea más corrupto que Uribe, sino que Uribe era más popular y estaba menos sujeto a la extorsión”.
Una solución sería incluir más dinero en el SGP....
“Si aspiramos a ser un país descentralizado, es lo correcto. El SGP no puede tener menos plata que el presupuesto de inversión regionalizada del Gobierno Nacional. En Bogotá no saben hacer las cosas. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se centralizó, lo empezó a controlar el Gobierno Nacional y es un desastre. El Ministerio de Educación no es capaz de contratar eso bien, no es capaz de vigilarlo, es un desastre. Se debe poner más plata en el SGP y decidir cómo se va a invertir. Se debe financiar el sistema de seguridad y justicia local; los municipios no tienen jueces ni policías, hay que financiar ese sistema de manera sostenida. Lo segundo: los municipios no tienen tecnocracia, nuestra propuesta es financiarla a través de SGP para que cuenten con más capacidades, con más responsabilidades concretas y con mayores controles. Pueden ser veedurías comunitarias y contratación de pequeñas obras con las mismas organizaciones comunitarias. Hoy en día la Ley 80 impide eso ,entonces tienes que contratar a los Nule en Bogotá para que preste obras en el Sur de Bolívar, eso es ridículo”.
Que cambien tanto las regiones como Bogotá...
“Desde Bogotá se dice de manera muy arrogante que las regiones tienen que cambiar, que tienen que dejar de ser tan ‘incivilizadas’ y tan corruptas. No. Lo que tiene que cambiar es el centro y las regiones son un reflejo político del centro. Mientras sea el presidente quien use el presupuesto para comprar congresistas y maneje las regiones con clientelismo, como en el caso de ‘Kiko Gómez’, a cambio de que le pongan votos a los congresistas, no hay manera de que las regiones cambien ni construyan Estado. Se debe domesticar la mermelada, renunciar al clientelismo como principal método de gobernar las regiones y comprometerse a profundizar la descentralización; hacer una reforma política para que la gente pueda competir legítimamente por el poder y no depender de lamerle al presidente. También se debe hacer una reforma tributaria incluyente que le permita a los municipios recaudar mayores recursos. Si recaudan más recursos propios los alcaldes van a poder estar donde deben estar, en sus municipios gobernando y no en Bogotá rogando. El Gobierno necesita una estructura tributaria mucho más equitativa. El principio de la democracia es que el que tributa vota, así surgió la democracia en la que nos inspiramos. En Colombia hay 30 millones de electores y menos de tres millones de contribuyentes, eso es absurdo, es absolutamente desproporcional. Se necesita incorporar más ciudadanos de clase media y alta urbana que paguen impuestos de renta. Si Colombia aspira a ser un país serio no puede aspirar a tener una base contribuyente de tres millones. Tenemos que lograr que los ricos, que no ganan salarios a diferencia de la clase media sino que ganan dividendos y rentas de capital, paguen impuestos. Hoy en día están exentos completamente”.
¿Cómo materializar esa reforma? ¿Con una constituyente?
“La constituyente es un medio para hacer la reforma. A mí lo que más me importa es el contenido de la reforma. Tiene que contar con garantías para las minorías, mayor financiación pública, voto electrónico y biometría para que las elecciones no se ganen en la Registraduría. De aquí a diciembre vamos a ver si el Congreso hace la reforma. Si no la hace tocará una constituyente porque no nos podemos quedar trancados”.
¿Cómo ve las elecciones de 2018?
“Como la consigna del presidente Santos es ‘desarmar a las Farc para que todo lo demás siga igual’, la gran competencia del 2018 va a ser entre quienes tienen esa visión de Santos y entre quienes creemos que hay que implementar todas las reformas que acabo de mencionar. Ya veremos quién representa cada espectro. Definitivamente no son los candidatos de la Unidad Nacional los que representan el cambio”.
¿Ve a Sergio Fajardo como un ejecutor de la políticas que necesita el país?
Sergio Fajardo o Antonio Navarro, sí. (...) Hay varias opciones que pueden representar ese cambio.
¿En qué se diferenciaría el plan de Gobierno que usted propone con el de Gustavo Petro?
“En Gustavo Petro veo más un discurso anti-sistema, que hay que acabar al capitalismo y a los ricos. Yo no creo que deba ser así, yo creo en la economía de mercado, creo que tiene que haber derechos de propiedad y propiedad privada. Lo que tenemos es que remplazar la extorsión y el secuestro por impuestos, no es espantando a los ricos, no, esto es convenciéndolos de que tenemos que pagar impuestos porque de lo contrario esta sociedad no es viable”.
¿Y de la propuesta de las Farc?
“Las Farc lo que están negociando es cómo intercambian la coca y las armas que tienen para que les respeten la vida y les den participación política. ¿En concreto qué proponen? Ya veremos cuando sean actores políticos. Ojalá propongan algo serio. Bienvenidos los debates sin armas y sin coca. Hasta ahora no está muy claro qué proponen”.
¿En cuánto tiempo se puede ejecutar esa reforma que usted plantea?
“Como inversiones sostenidas, en 15 años se puede lograr. La inversión es sustancial para cambiar los indicadores de calidad de vida de los colombianos en las regiones”.
¿En los últimos 10 años se han presentado mejoras?
“Colombia no es más pobre que hace 10 años, ni Colombia es hoy más inequitativa que hace 10 años. Ha habido algunos progresos. Pero la diferencia es muy simple, a este nivel de progreso que nos ofrecen los Santos y los Vargas Colombia va tener un rezago de 100 años”.
¿Qué rol desempeña la participación ciudadana en su propuesta?
“La ciudadanía es la que decide si nos demoramos 15 años o nos demoramos 100 años para cambiar. Ese ese es el gran rol de la ciudadanía. Y polarización va a haber. ¿Tú crees que todos los beneficiarios del Statu quo no se van a amarrar en una esquina para no dejarse reformar ni pagar impuestos? Pero también estamos otros que decimos por ahí no es y ofrecemos otro camino. Esa es la naturaleza de la política, confrontar visiones”.
Su libro también hace alusión a la importancia de las víctimas. ¿Está cumpliendo el Gobierno?
“La paz no puede ser incumplirle a las víctimas, llevarlas a la foto a La Habana para luego no financiar la Ley de víctimas y restitución de tierras. Eso es un poco lo que está pasando hoy. Esta ley está desfinanciada en 17 billones de pesos. ¿Qué paz es esa? La paz de la foto, la paz de Santos”.
¿Cómo hacer las inversiones?
“En los próximos 15 años se tiene que invertir el 1.6 % del PIB adicional en promedio por año a lo que invertimos hoy en las regiones para cumplir estas metas. De esa plata, de ese 100 % que suma 333 billones de pesos en los próximos 15 años, el 3 por ciento de esa plata es para cumplirle a las Farc con la desmovilización, recogerle las armas, reeducarlos, retirarlos laboralmente, proteger a sus familias. Cumplirle a las 7 millones de víctimas que están registradas, es decir, ejecutar la Ley de víctimas y restitución de tierras, cuesta un 11 % de esa plata. Cumplirle a las víctimas cuesta tres veces más que cumplirle a los victimarios, y eso está bien. El resto de la plata, el 86%, se necesita para cumplirle a los 16 millones de colombianos que viven sin Estado, con altísima inequidad, excluidos completamente”.
Para ejecutar estas inversiones necesitaría una reforma tributaria. ¿Qué tan viable es económicamente la propuesta teniendo en cuenta la coyuntura internacional?
“El hecho de que no haya una economía rentista dependiente del petróleo es lo mejor nos puede pasar para financiar la paz. Eso es lo que va a permitir que haya una economía diversificada, a la cual cobrarle impuestos que financien estas cosas. Solo en corrupción perdemos un 3%. Primero tenemos que domesticar la corrupción a la mitad, con eso se financiaría la paz, sin cobrar un solo impuesto nuevo. El impuesto más caro que pagamos todos los colombianos es la corrupción. También necesitamos la reforma tributaria para mejorar los recaudos y disminuirle la carga a las empresas. Con esa reforma tendríamos tres puntos adicionales en el PIB por año, pagamos la paz y nos sobra. No necesitamos ganarnos el Baloto. Económicamente veo la propuesta viable, lo que veo difícil es que se apruebe políticamente”.
