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El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que si persiste la intención de algunos funcionarios de la Rama Judicial que están en paro de impedir el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, se inciarían judicializaciones contra dichas personas por los delitos de constreñimiento indebido y abuso de autoridad.
De acuerdo con Montealegre, esta decisión se toma debido a que si bien el derecho a la protesta está permitido en la Constitución, si sería un delito afectar de manera grave el acceso a derechos como lo es el servicio público de la justicia.
A esto se suma, el llamado a interrogatorio de varios empleados de las seccionales de la Judicatura que no cumplieron la orden de no pagar a los servidores judiciales que están en paro.
De acuerdo al pronunciamiento del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, la entidad procederá a ejercer sus facultades en caso de que haya alguna obstrucción por parte de las minorías en las sedes judiciales.
Por lo mismo, afirmó que el paro deberá ser levantado el próximo martes 13 de enero, y reanudar las actividades normalmente.
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció que el Gobierno Nacional evaluará desde el próximo martes la posibilidad de solicitare a las autoridades correspondientes que declare ilegal el paro judicial que se adelanta hace 90 días.
El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y de Justicia, Yesid Reyes, calificaron de “injustificado e inútil” el paro que adelantan los trabajadores de la Rama Judicial.
Además, indicaron que es necesario que los sectores que participen en el paro, que en su criterio es una minoría, regresen a trabajar plenamente a partir del 13 de enero próximo cuando se acaba la vacancia judicial.