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“Sin propiedad privada se nos acaba la democracia”

  • Para el exsupernotariado, Jorge Enrique Vélez, es gravísimo que la Agencia Nacional de Tierras diga ahora que va a cambiar el proyecto del decreto Ley de Tierras en un 90 %. FOTO colprensa
    Para el exsupernotariado, Jorge Enrique Vélez, es gravísimo que la Agencia Nacional de Tierras diga ahora que va a cambiar el proyecto del decreto Ley de Tierras en un 90 %. FOTO colprensa
Por óscar andrés sánchez á. | Publicado el 11 de mayo de 2017
15

millones de personas tienen títulos. Con la reforma aumentarían a 22 millones.

en definitiva

Según Jorge Enrique Vélez, exsuperintendente de Notariado y Registro, el proyecto de decreto ley sobre tierras que prepara el Gobierno vulnera la propiedad privada, vía expropiación.

A Jorge Enrique Vélez, quien en los últimos seis años fue el superintendente de Notariado, no lo deja dormir tranquilo el proyecto del decreto de ley que socializa el Gobierno nacional por estos días con los actores del sector agropecuario, en diferentes regiones del país.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, explicó que el 60 % de cuatro millones de predios rurales del país no tienen escrituras y con la Ley de Tierras se busca formalizar esas propiedades rurales; de esta manera, más campesinos tendrían acceso a la tierra.

Ese proyecto, que solo requiere consulta previas entre minorías étnicas, antes de ser firmado por el presidente, debería ser, según él, materia de un proyecto de ley que pueda ser discutido por todos los sectores en el Congreso.

En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que ese proyecto le abre la puerta a la expropiación, algo que es un riesgo para la democracia.

¿Por qué le preocupa lo que se ha conocido del decreto de Ley de Tierras?

“El ámbito de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es solo de las tierras del Estado, baldíos, tierras de subsidios, las compradas por el Estado, y no la tierras privadas, que están en ámbito del Código Civil y de los jueces civiles. La ANT pretende manejar toda la tierra pública y privada del país”.

El pasado lunes le dijo al presidente Santos, por medio de un trino, que no le están diciendo la verdad, porque para usted ese proyecto sí afecta propiedad privada, ¿quién miente?

“En la ANT lo están desinformando, porque le dijeron que no se metía con la propiedad privada y en el proyecto está la expropiación por interés general y la extinción de dominio vía administrativa para tierras que no estén produciendo.

¿Santos ya le contestó?

“No, para nada”.

El ministro Aurelio Iragorri dijo que ya eliminaron el punto que abría la puerta a la expropiación y que esta ley pretende ponerle orden a la propiedad rural. ¿No lo satisfizo eso?

“No conozco el proyecto definitivo. Ha habido reuniones con los gremios y algunos expertos. Solo hay unas declaraciones de parte de Miguel Samper, director de la ANT, quien dijo que se va a cambiar el 90 % del proyecto. Eso me parece gravísimo, porque ¿qué era lo que tenían?”

¿Cómo debería proceder el Gobierno ante la tenencia improductiva?

“Si el privado no quiere utilizar su tierra y la tiene de engorde, póngale un impuesto más alto, pero no puede decirle que lo van a expropiar porque a un funcionario le parece. Queda una subjetividad peligrosa, y no lo digo por este gobierno o por el anterior, sino que no se sabe en manos de quien va a terminar el país. Hoy es el tema rural, pero mañana van a decir que les gusta las oficinas de EL COLOMBIANO, entonces lo expropian. Esa es una puerta que no se puede abrir en el país”.

¿Qué le gusta del proyecto?

“Titular a campesinos que están en tierras del Estado. Esto permitiría que pasáramos de 15 a 22 millones de títulos. Habría más propietarios y más sentido de pertenencia. Hay un buen manejo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), pues la tierra se entrega temporalmente al campesino para que no la venda por siete años, y demuestre que tiene apego por ella para explotar el título.

Sectores de izquierda dicen que también hay riesgo de que baldíos queden en manos de personas con recursos, ¿lo comparte?

“Ellos quieren que la UAF se mantenga como está, para garantizar el ingreso de dos salarios mínimos. En este proyecto de ley, que me parece bien, habla de la posibilidad de que no se limite solo a ese dinero, sino que si es eficiente pueda recibir tierras adicionales. Al campesino no se le puede limitar, de por vida, a dos salarios mínimos. Eso restringe la capacidad productiva de una familia campesina”.

¿A quién le interesa que pase el proyecto con pocas modificaciones?

“No sé quién está detrás de eso. Lo que sí sé es que perdemos todos los colombianos que confiamos en que la propiedad privada es el estándar de la democracia”.

¿Qué correctivo inmediato propondría usted?

“Un decreto de ley muy rápido para la titulación y la formalización, y una gran ley de tierras, si es que se quiere hacer, pero presentada en el Congreso, con la participación de todos gremios, ciudadanos y partidos políticos, y para que tengamos una ley muy progresiva, hacia futuro. Es importante que Colombia empiece hablar de productividad más que de la titularidad”.

¿Sus reparos a este proyecto son una estrategia de Cambio Radical de desmarcarse del Gobierno Santos?

“Si lo quieren ver como político, pues digo que sí, que Cambio Radical defiende la propiedad privada y no vamos permitir que nadie la toque. De otro lado, vengo de ser seis años de superintendente de Notariado, estudié mucho todas estas normas, y el presidente siempre me pidió proteger la propiedad privada y que esa línea roja no se podía cruzar”.

¿Es tan urgente en este momento una reforma agraria?

“Se requiere más una reforma para la productividad de la tierra, más que de titularidad, porque Colombia es uno de los siete países con las mayores reservas en el mundo”.

¿Qué opina de la demanda que interpondrá el expresidente Álvaro Uribe contra el contralor Edgardo Maya?

“El informe, que es un comunicado de prensa, lo hizo fue la delegada de tierras. No veo cómo hacer una demanda ahí. No aparece el documento, y eso me pareció raro”.

¿Con qué propósito cree que sale esa información?

“No sé. Coincide con el asunto que se está discutiendo hoy sobre el otro decreto ley. Es algo que ya se había denunciado y estudiado hace mucho tiempo. El 97 % de esas tierras fueron adjudicadas antes de 1994, y la Corte estableció que para ese momento no existía la acumulación.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Uribe demandará al contralor

La Contraloría compulsó copias para que se investigue la posible acumulación de tierras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En respuesta el senador le dijo a EL COLOMBIANO que demandará al contralor Edgardo Maya porque la compulsa de copias debe tener indicios de delito o violación, y en su caso no se configura acumulación ilegal del baldíos. “No fueron adjudicados a mi familia ni a mi persona, sino a terceros, antes de la ley 160 de 1994. Lo sustento en la Sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional y en la Instrucción Administrativa 09 de 2017 de la Superintendencia de Notariado”.

Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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