Así lo confirmó el abogado Gustavo Moreno, quien es apoderado de Pinilla.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, exdirector de esa entidad, procesados por el escándalo de corrupción en la UNGRD, deberán ser trasladados a la cárcel La Picota por orden del Inpec.
Así lo confirmó el abogado Gustavo Moreno, quien representa a Pinilla, a través de un mensaje en X.
Moreno pidió al Inpec dejar sin efectos la orden de traslado y advirtió que existe una decisión judicial vigente que establece que su representado debe permanecer en un centro de reclusión militar.
“Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, señaló Moreno en un pronunciamiento publicado en X.
El abogado también recordó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y sostuvo que “su vida e integridad deben ser protegidas”.
En ese sentido, afirmó que las garantías otorgadas dentro del proceso de cooperación deben mantenerse vigentes.
“No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, concluyó Moreno.
Entre los traslados ordenados también está el de Jorge Armando Torres Reyes, procesado por los delitos de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir.
Torres será trasladado desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública del Ejército Nacional (perteneciente al Batallón de Artillería N.º 13 en Bogotá) hacia La Picota.
Torres Reyes, conocido con el alias de Viejo, es procesado por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico y modificación de material bélico.
Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización se habría encargado de sustraer armas y municiones de depósitos oficiales de la Fuerza Pública para posteriormente ponerlas a disposición de estructuras delictivas.
De acuerdo con la investigación, esta persona era propietario de un almacén de artículos militares que habría sido utilizado como una supuesta fachada para las actividades ilegales de la organización.
Desde allí, presuntamente se articulaba con integrantes activos y retirados del Ejército y la Policía para recibir armas y cartuchos que habrían sido extraídos de instalaciones oficiales.
La Fiscalía señala que su papel dentro de la estructura también habría estado relacionado con la comercialización y modificación ilegal de armamento, entre este pistolas, revólveres, rifles y accesorios de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La investigación además identificó supuestas coordinaciones con contactos en la Industria Militar (Indumil) para facilitar la salida irregular de armamento y la expedición de licencias.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Torres Reyes no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.
El hombre fue capturado en mayo de 2025, durante un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía que incluyó allanamientos en Bogotá y Zipaquirá, Cundinamarca. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En otro de los casos, Jairo Rueda García, condenado a 13 años de prisión por actos sexuales con menor de 14 años, será trasladado hasta el establecimiento penitenciario La Paz, en Itagüí.
El documento del Inpec establece que los traslados no serán un procedimiento ordinario. De acuerdo con el documento, los movimientos deberán realizarse “bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo logístico e intervención de la Fuerza Pública.
La medida, según la resolución, busca salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y prevenir eventuales “fugas, rescates, atentados o la causación de novedad alguna”.
La orden fue emitida tras una solicitud de la Dirección de Custodia y Vigilancia del Inpec para reubicar a los internos en establecimientos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad, teniendo en cuenta su caracterización y conducta.
La resolución 008041, fechada este 6 de octubre y firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, dispone así el traslado inmediato de los cuatro internos a los establecimientos definidos por la autoridad penitenciaria.
Estas órdenes de traslados ocurren en un contexto reciente de actuaciones en el caso UNGRD.
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