Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptaron ante la Fiscalía su responsabilidad en irregularidades relacionadas con el contrato cercano a $83.000 millones destinado a la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
El acuerdo fue suscrito con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, mientras que una jueza especializada de Bogotá deberá determinar el 4 de noviembre de 2026 si avala el preacuerdo.
Preacuerdo contempla siete años y cuatro meses de prisión
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Echeverri y Romero admitieron su participación en seis escenarios vinculados con la estructuración, celebración y ejecución del contrato. La investigación se relaciona, entre otros aspectos, con sobrecostos y con la falta de utilidad de los vehículos destinados al transporte de agua hacia distintas zonas.
Ambos procesados se encuentran privados de la libertad y manifestaron arrepentimiento durante la diligencia judicial. No obstante, el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestionó los beneficios previstos en el acuerdo, debido a que, según señaló, no se habría producido la devolución de todos los recursos involucrados.
El delegado calificó como un “absurdo jurídico” la referencia a un eventual peculado por apropiación en relación con los dos procesados. También sostuvo que informes incorporados al caso apuntarían a un incremento patrimonial injustificado de 4.330 millones de pesos derivado de las actuaciones realizadas para favorecer a un grupo de empresarios.
La decisión sobre la legalidad y aprobación del preacuerdo quedará en manos de la jueza especializada de Bogotá en la audiencia programada para el 4 de noviembre.
El papel atribuido a Sonia Romero y Édgar Echeverri
La Fiscalía señaló que Sonia Rocío Romero Hernández, ingeniera industrial y excontratista de la UNGRD, habría servido como “enlace” entre la estructura investigada por el desvío de recursos de la entidad y un grupo de contratistas.
Según la acusación, Romero habría entregado información técnica antes de que comenzara formalmente el proceso de selección. La información habría permitido estructurar una aparente “escogencia objetiva” para contratos relacionados con la compra de carrotanques, la adquisición de plantas desalinizador y la construcción de pozos subterráneos.
Estos últimos componentes, de acuerdo con la investigación citada durante el proceso, no llegaron a ejecutarse.
En cuanto a Édgar Echeverri Toro, la Fiscalía lo vinculó con la presunta falsificación de documentos utilizados para acreditar la existencia de los carrotanques. También le atribuyó la elaboración de actas parciales que registraban supuestas entregas de vehículos entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
Aunque las entregas habrían quedado registradas documentalmente, los investigadores establecieron que los vehículos señalados en esas actas no habían sido efectivamente entregados. A pesar de ello, la fiduciaria realizó dos desembolsos parciales por un total de 25.375 millones de pesos.
Dentro del mismo expediente aparece César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia desde hace más de un año.
Contraloría estableció responsabilidad fiscal por más de $24.000 millones
La investigación penal se suma a las actuaciones de la Contraloría General de la República sobre los recursos destinados a los carrotanques para La Guajira. El organismo de control informó la emisión de dos fallos de responsabilidad fiscal por más de 24.000 millones de pesos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla, y contratistas vinculados al caso.
Los fallos corresponden a irregularidades relacionadas con la compra y el arrendamiento de los carrotanques. La cifra establecida por la Contraloría corresponde al detrimento determinado en esos procesos y no representa el total de los recursos que estuvieron bajo investigación.
Alexandra Cárdenas, delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, explicó el alcance de las decisiones:
“Señor contralor, se acaban de emitir 2 fallos de responsabilidad fiscal contra el antiguo director y su director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sus contratistas por estos 80 carrotanques, por un valor de más de 24 mil millones de pesos”.
La funcionaria indicó que parte de los recursos ya habría regresado al Estado como resultado de acuerdos alcanzados por personas vinculadas al caso con la Fiscalía General de la Nación.
“Se logró también demostrar que hay dineros que ya fueron pagados y reintegrados al erario a través de los preacuerdos realizados con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una noticia. La unidad le cumplió, le cumplió al país, le cumplimos, señor Contralor”.
Procesos penales y fiscales avanzan de manera paralela
Las actuaciones de la Fiscalía y de la Contraloría corresponden a ámbitos distintos. Mientras el proceso penal busca establecer responsabilidades individuales por conductas que podrían constituir delitos, los fallos fiscales determinan la responsabilidad relacionada con el detrimento de recursos públicos.
En el proceso que involucra a Romero y Echeverri, la Fiscalía sostiene que hubo actuaciones coordinadas para direccionar la contratación y respaldar documentalmente entregas que no se habrían realizado. El preacuerdo reconoce la participación de ambos en los delitos señalados y ahora debe ser sometido a control judicial.
Por otra parte, los dos fallos fiscales comunicados por la Contraloría establecen responsabilidad contra exfuncionarios y contratistas por las irregularidades detectadas en la adquisición y el arrendamiento de los 80 carrotanques investigados.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuándo se definirá si la Fiscalía logra el preacuerdo con Édgar Echeverri y Sonía Romero?
- La decisión está prevista para el 4 de noviembre de 2026, cuando una jueza especializada de Bogotá determine si avala el preacuerdo.
- ¿Qué pena acordaron Édgar Echeverri Toro y Sonía Rocío Romero Hernández?
- El preacuerdo contempla una pena de siete años y cuatro meses de prisión , tras aceptar su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
- ¿Cuánto dinero recibió la Corporación Mixta Yapurutú por los carrotanques de la UNGRD?
- La información señala que la fiduciaria realizó dos desembolsos parciales por $25.375 millones. Estos pagos estuvieron relacionados con entregas de carrotanques que, según la investigación, solo quedaron registradas en documentos.
- ¿Qué irregularidades se investigan en el contrato de los 40 carrotanques para La Guajira?
- La Fiscalía investiga, entre otros hechos, la entrega de información técnica privilegiada para favorecer contratistas, la presunta falsificación de documentos sobre los vehículos y la elaboración de actas que registraban entregas que no se habrían realizado.
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