Las declaraciones llegan luego de una denuncia del concejal Daniel Briceño, quien le pidió explicaciones al Ministerio Público. Esto reabre el debate sobre uso de recursos públicos y seguridad.
El uso indebido de recursos públicos vuelve a estar en el medio del debate. La Vicepresidencia de la República admitió que una de las camionetas oficiales asignadas al esquema de seguridad de Francia Márquez fue utilizada para transportar materiales de construcción hacia su residencia particular en Cali.
El hecho fue revelado inicialmente por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien compartió fotografías de una camioneta gris trasladando bultos, ladrillos y estructuras modulares.
El cabildante exigió explicaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y calificó el caso como un posible abuso de recursos públicos.
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En respuesta, la Vicepresidencia emitió un comunicado en el que reconoció que el vehículo sí fue empleado en la obra. Según la versión oficial, Márquez “con recursos propios, ordenó la construcción en su residencia de una garita de vigilancia con baño incluido”.
El traslado de materiales, añadieron, se hizo “por determinación de uno de los miembros del esquema de seguridad” con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes custodian a la funcionaria.
El despacho aclaró que la “responsabilidad logística del parque automotor del esquema de seguridad de la señora vicepresidenta y su núcleo familiar” recae en la UNP, y que el manejo de los vehículos está bajo la coordinación de los funcionarios designados por esa entidad.
Tras la confirmación, Briceño aseguró que la respuesta le dio la razón: “La Vicepresidencia de la República confirma mi denuncia y acepta que una de las camionetas de la UNP asignada a su esquema sí fue usada para transportar materiales de construcción para una obra privada. Esto es peculado y abuso”, señaló en su cuenta de X.
La vicepresidenta, por su parte, recordó que en 2022 fue víctima de un atentado frustrado en la vía que conduce a su casa.
Según argumentó, ese episodio justifica la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en su residencia y de emplear los recursos disponibles para proteger su integridad.
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El caso ha generado debate público, pues involucra el uso de bienes oficiales en un contexto privado.
Mientras la Vicepresidencia insiste en que se trató de un asunto vinculado a la seguridad, sectores de oposición advierten que el hecho podría configurar un mal uso de los recursos del Estado.
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