Siete años después de la promulgación de la Ley 1448 (que se cumplen mañana), más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las instituciones creadas para soportar todo lo que requiere esta norma, han brindado sus balances en el que será el último año del Gobierno de Juan Manuel Santos, presidente que sancionó dicha normatividad y que inicialmente tiene una vigencia hasta el 2021.
Precisamente las personas que son beneficiadas, es decir, las víctimas del conflicto armado, coinciden en que la Ley no puede terminar en dos años y, por el contrario, debe extenderse para cubrir a todas las personas afectadas por la guerra en Colombia.
Por eso, integrantes de las diferentes mesas de víctimas departamentales, como Yolanda Perea Mosquera (Antioquia), afirman que tanto el próximo presidente, como el siguiente Congreso, “se deben amarrar los pantalones para ubicar a las víctimas donde se merecen y crear un Compes con suficientes recursos y darle una extensión al tiempo de la Ley de Víctimas”.
Desde la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto, su directora, asegura que “la política de reparación colombiana no tiene antecedentes. Es la más completa y ambiciosa comparada con 45 experiencias de justicia transicional en 31 países”, y por esa razón, agrega, se ha logrado incluir en el Registro Único de Víctimas, RUV, un total de 8’679.002 personas, de las cuales 6’944.905 son sujetos de atención y reparación.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, entrega el siguiente balance: “hasta mayo de 2018 fueron restituidos 5.981 predios en beneficio de 38 mil personas. Ante los jueces, se ha presentado algo más de 15 mil casos. Desde el 2010 se han acompañado 260.818 hogares en retornos y reubicaciones, se han formulado 267 planes de retorno y reubicación y se han implementado 5.163 esquemas de acompañamiento familiares”.
El Centro Nacional de Memoria Histórica es otra de las creaciones de la Ley de Víctimas. Esa institución, a parte de brindar completos informes de los hechos generados en la guerra, propicia espacios para realizar ejercicios de reconstrucción de memoria y actualmente contempla la construcción en Bogotá del Museo de la Memoria.
Ante los tres años de vigencia que le restan a la Ley, el camino que debe seguirse es, según Paola Cadavid, directora de la URT de Antioquia, una mayor articulación interinstitucional. “Se busca que todas las instituciones del Estado que tuvieran oferta para las víctimas llegara a ellas, y aún existen niveles de debilidad y fragilidad. En esa oferta hay mucha dispersión”.
Explica Cadavid que hace un mes se radicó un proyecto de ley que busca una prórroga para cumplir con la reparación.
Desde Tibú, Norte de Santander, donde la situación de orden público no tiende a mejorar, las víctimas de esa zona afirman que la Ley ha servido, pero son pocos los que han resultado beneficiados.
“Con las administraciones municipales se ha tenido mucho inconveniente, pues no se ha logrado acceder a muchos beneficios que nos otorga la Ley, entonces si reclamamos recursos es un problema, si reclamos nuestras tierras es otro problema. Se deben reestructurar muchas cosas si se logra una prórroga con esta Ley”, dice Alex Toro, integrante de la mesa de víctimas de Tibú.
