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Se cumple un año más de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, a pesar de los balances que deja, los afectados por la guerra piden más presupuesto y tiempo.
Siete años después de la promulgación de la Ley 1448 (que se cumplen mañana), más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las instituciones creadas para soportar todo lo que requiere esta norma, han brindado sus balances en el que será el último año del Gobierno de Juan Manuel Santos, presidente que sancionó dicha normatividad y que inicialmente tiene una vigencia hasta el 2021.
Precisamente las personas que son beneficiadas, es decir, las víctimas del conflicto armado, coinciden en que la Ley no puede terminar en dos años y, por el contrario, debe extenderse para cubrir a todas las personas afectadas por la guerra en Colombia.
Por eso, integrantes de las diferentes mesas de víctimas departamentales, como Yolanda Perea Mosquera (Antioquia), afirman que tanto el próximo presidente, como el siguiente Congreso, “se deben amarrar los pantalones para ubicar a las víctimas donde se merecen y crear un Compes con suficientes recursos y darle una extensión al tiempo de la Ley...