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Alistan freno a la violencia política contras las mujeres: se vienen sanciones
La iniciativa busca mejorar las condiciones para su participación en la política electoral en el país.
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El proyecto, del que María José Pizarro es ponente, pasó a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
28 de noviembre de 2022
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La plenaria del Senado aprobó este lunes la iniciativa legislativa que busca establecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el escenario político, propuesta por la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quien es la ponente del proyecto.
La finalidad del proyecto es adoptar un marco normativo en esta materia, asegura Pizarro, ante la falta de reconocimiento de derechos y el mandato a las autoridades a actuar frente a los casos de violencia política.
“En Colombia no existen mecanismos idóneos para prevenir y atender las denuncias presentadas por violencia política contra las mujeres y las entidades no poseen las herramientas jurídicas para realizar seguimiento y adelantar las medidas de corrección correspondientes. Con este proyecto buscamos activar la institucionalidad existente y brindar herramientas para que actúe y se den las garantías a nuestra participación en condiciones de igualdad”, dijo la senadora.
El proyecto estipula los tipos de violencia que se ven sometidas las mujeres: psicológica, simbólica, económica, física, sexual y digital, siendo esta última una novedad en la legislación colombiana; también las acciones, conductas y omisiones que darán lugar a sanciones y responsabilidad ética, electoral, disciplinaria y penal, de acuerdo con la normatividad vigente.
Por otro lado, se busca que mejoren las condiciones de participación de las mujeres, que según la legisladora del Pacto Histórico, es baja, respecto a la de los hombres, puesto que en el país solo dos de las 32 gobernaciones están en cabeza de mujeres, así como el 12 % de las alcaldías y el 29,2 % de los integrantes del Congreso.
Entidades como el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales o Distritales estarán a cargo de instaurar protocolos de prevención que atiendan de manera efectiva estos casos de violencia.
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