El polémico contratista Emilio Tapia, recuperó su libertad este martes por decisión de un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla. La orden fue emitida por la jueza primera de esa especialidad, Claribel Onisa Fernández Castellón.
Tapia fue condenado por su participación en el entramado de corrupción del caso Centros Poblados. La decisión no es la primera que favorece al contratista. La misma jueza ya había ordenado su libertad el pasado 11 de abril, una determinación que en su momento generó controversia y motivó una investigación contra la juez por parte de la Comisión Nacional Judicial.
El regreso de Emilio Tapia a la libertad se da en medio de un nuevo episodio del vaivén judicial que ha marcado su proceso penal. El contratista había sido capturado nuevamente el pasado 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo adelantado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional.
Esa detención se produjo luego de que fuera revocada la primera decisión que le había permitido salir de prisión. El 11 de abril de 2025, la jueza Fernández Castellón, le había concedido la libertad al argumentar buen comportamiento y cumplimiento parcial de la condena. Sin embargo, ese fallo fue posteriormente dejado sin efecto, lo que dio lugar a la orden de captura que se materializó semanas después.
Ahora, en una nueva decisión, la misma jueza volvió a favorecer al empresario. En el fallo más reciente, el despacho reconoció que Tapia ha cumplido, hasta la fecha, 90 meses y 10 días de prisión, y le concedió la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días. Como parte de las condiciones, se le exigió la firma de una nueva acta de compromiso, de conformidad con el Código Penal, debido a la modificación del periodo de prueba.
Tapia, conocido como uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá, acumula tres condenas por delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
En total, su pena llega a 12 años y un mes de prisión. Además, fue señalado como responsable del desvío de 70.000 millones de pesos del contrato entre el MinTic y el consorcio Centros Poblados, que buscaba llevar conectividad a zonas rurales del país.
El caso Centros Poblados se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, al revelar cómo recursos destinados a cerrar la brecha digital terminaron en manos de una red de contratistas.
Investigación contra la jueza
La Comisión de Disciplina Judicial inició investigación contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Rodríguez, por presuntas irregularidades en las decisiones que favorecieron al contratista Emilio José Tapia.
El proceso surgió tras las advertencias sobre supuestas maniobras del despacho de Rodríguez que habrían demorado o interferido en la recaptura de Tapia, pese a que su arresto había sido ordenado por un juez de Bogotá.
La jueza ya estaba siendo investigada por la decisión de otorgarle libertad condicional a Tapia el 11 de abril, medida que generó controversia en distintos sectores judiciales debido a los antecedentes del condenado y la magnitud de los delitos por los que fue hallado culpable.
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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico adelanta este proceso y ahora deberá evaluar también las nuevas denuncias sobre una posible obstrucción a la justicia en el trámite de recaptura.
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