La discusión sobre si el senador electo Wadith Manzur podrá posesionarse el próximo 20 de julio ya llegó al Congreso. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió un derecho de petición de un ciudadano que pedía claridad sobre si Manzur, hoy detenido con medida de aseguramiento, puede asumir su curul en la instalación del nuevo Congreso (2026-2030) y si su situación judicial le impide ejercer el cargo pese a haber sido elegido.
El ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos envió un documento a la Corte Suprema en el que sostuvo que, aunque la medida de aseguramiento es legal, no debería anular por completo los derechos políticos derivados del voto. Es decir, planteó si estar privado de la libertad bloquea totalmente la posibilidad de posesionarse.
“Las medidas de aseguramiento no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, se lee en el requerimiento.
La Corte, sin embargo, evitó pronunciarse de fondo. En lugar de responder, decidió trasladar la petición a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado, al considerar que es esa corporación la que debe definir qué procede frente a la posesión de congresistas en estas condiciones.
La decisión quedó consignada en un auto del 27 de marzo de 2026, firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos y enviado al presidente del Senado, Lidio García.
Manzur permanece recluido en la Escuela de Carabineros, desde el pasado 19 de marzo. Días antes, el 11 de marzo, la Corte le impuso medida de aseguramiento al considerar que, presuntamente, habría negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la UNGRD.
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El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el entramado de corrupción destapado alrededor de la Ungrd, que le habría costado al erario cerca de $92.000 millones, originados en sobrecostos de los carrotanques para La Guajira.
La Corte concluyó, tras recaudar pruebas documentales y testimoniales, que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con los que representantes del Ejecutivo habrían comprometido la función legislativa de los parlamentarios procesados.
El caso mantiene también privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalado por la Corte como autor intelectual de la red, desde finales de 2025.
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