Si bien el Ejecutivo tramitó con éxito el proyecto en tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, aún tiene que discutirlo en plenaria, donde la puja es a otro precio. Aunque tiene mayorías, el Gobierno deberá hacerle el quite a todo tipo de recursos. El tiempo es el mayor obstáculo.
Si bien sigue la carrera contrarreloj y los tiempos no dejan de ser apretados, el gobierno de Gustavo Petro se anotó un determinante triunfo esta semana en el Congreso: aprobar en apenas tres días la reforma pensional en su tercer debate. Incluso mientras le estallaba otro capítulo del escándalo de presunta corrupción y coimas en Gestión del Riesgo, el Ejecutivo logró capotear los señalamientos y sacar avante una de las iniciativas de toda su entraña.
En el triunfo hay varios actores clave que jugaron roles decisivos y si bien desde ya la oposición amenaza con dar la pelea en la plenaria de la Cámara –donde se desarrollará el último debate–, un vistazo a cómo operó el Gobierno y la estrategia que puso en marcha con éxito permite determinar el derrotero de lo que se viene antes del 20 de junio, la fecha límite para lograr la aprobación del proyecto.
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Si bien Petro contaba con mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara, donde tiene grandes escuderos e irrestrictos aliados, durante la votación fueron claves dos bancadas que, aunque en público formulan sendos reparos y hoy están declaradas en independencia, en los entresijos del Parlamento le caminan al Ejecutivo: los congresistas del Partido de la U y los conservadores.
La aplanadora del Gobierno estaba decantada: de 21 congresistas en la Comisión, cuatro son del Pacto, cuatro liberales, dos de la Alianza Verde, dos de las curules de víctimas y uno de Comunes. Como estaba previsto, los 13 estuvieron a favor del Ejecutivo y votaron sí a la pensional. Con esos votos, al petrismo le bastaba para sacar avante el proyecto.
Sin embargo, a ellos terminaron adheridos los representantes Víctor Salcedo –de la cuerda de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro– y Camilo Amaya, de La U, así como Gerardo Yepes y Jorge Quevedo, del Partido Conservador. Inclusive, el representante Camilo Amaya se hizo tristemente célebre tras conocerse que votó sí a un artículo del proyecto del que no tenía mayor conocimiento porque se ausentó de la discusión para ir al baño.
“Señor secretario, quiero pedirle disculpas porque estaba en el baño. ¿Me puede repetir la proposición, por favor?”, dijo Ávila. “Estamos votando el artículo 76”, respondió el secretario. “Vuelvo y le insisto: qué pena, secretario, estaba en el baño. ¿Me puede leer la proposición?”, dijo Amaya, ante lo cual el secretario tuvo que recordarle que ya estaban en votación y no era el escenario para leer la proposición.
“Entonces voto sí”, dijo con resignación el representante del Vaupés durante el debate, lo que le valió críticas y reparos de sectores de oposición que lo acusaron de votar el artículo sin mayor conocimiento de su contenido.
Al parecer, dentro de las toldas azules hay descontento por el respaldo de los godos al Ejecutivo, teniendo en cuenta que las cabezas del partido –entre ellos su presidente, el senador Efraín Cepeda–, han expresado en voz alta sus críticas al Gobierno. De hecho, hoy los conservadores estudian si, con miras al debate en plenaria, adoptan una posición conjunta y votan en bancada.
La bancada liberal, que en Senado fue decisiva para destrabar el proyecto, también permitió que la reforma pensional prosperara en la Comisión Séptima. Sus cuatro representantes –María Eugenia Lopera, Hugo Archila, Héctor Chaparro y Germán Rozo–, estuvieron alineados a los intereses del Ejecutivo. No obstante, el papel de Lopera merece un análisis aparte.
Como presidenta de la Comisión, la congresista supo tramitar con agilidad y destreza la avalancha de recusaciones, impedimentos y proposiciones que la oposición presentó una y otra vez para retrasar el debate. Al final, consiguió que entre martes y jueves el proyecto recibiera el visto bueno de las mayorías, un trámite que en Senado le costó meses al Gobierno.
Lopera hace parte del grupo político del exsenador paisa Julián Bedoya, quien es cercano al presidente Gustavo Petro. De hecho, esta semana el diario El Tiempo reveló que el excongresista –quien intentó aspirar a la Gobernación de Antioquia–, visitó la Casa de Nariño por lo menos en tres ocasiones.
Las reuniones coincidieron con momentos clave del Gobierno en el trámite de reformas en el Congreso. En particular, la del 18 de julio de 2023 a dos días de iniciar una nueva legislatura. La reforma a la salud, uno de los proyectos bandera del Ejecutivo, estaba surtiendo un difícil trámite en la Comisión Séptima del Senado (que terminó por hundirse meses después).
Al final, nada pudo hacer la oposición para evitar el trámite de la reforma, que apenas aglutina cuatro congresistas: dos del Centro Democrático y dos de Cambio Radical.
Lo cierto ahora es que el Gobierno cuenta ahora con poco menos de 30 días para tramitar el proyecto en plenaria. Aunque allí también el mandatario goza de mayorías, la cosa es a otro precio. A primera vista, se destaca que, de 188 representantes, 102 hacen parte de la coalición de gobierno: 33 liberales, 27 del Pacto Histórico, 17 de la Alianza Verde, 16 de las curules de paz, cinco de comunes y cuatro de los minoritarios.
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Solo con ese número, al Gobierno le basta para sacar la reforma. Está por verse lo que pase con los 26 representantes del Partido Conservador y los 16 de La U. Si bien la oposición aglutina en plenaria apenas 38 congresistas, desde ya se prevé un sinfín de impedimentos, recursos y toda clase de maniobras para retrasar la reforma.
En paralelo, el proyecto deberá ser tramitado en medio de mociones de censura –una de ellas contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo–, la elección del contralor e incluso, deberá sortear dos festivos durante junio. Además, aun cuando se apruebe la reforma, será necesario cumplir con la conciliación entre lo que acuerde Cámara y lo que aprobó Senado.
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En medio del escándalo por presuntas coimas con dineros de los carrotanques de La Guajira, está por verse si durante el debate en plenaria el Gobierno podrá contar con el representante Andrés Calle, nada menos que el presidente de la Corporación y quien está señalado de supuestamente recibir $1.000 millones para el trámite de los proyectos.
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