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El dinero ha circulado por millones. Mientras en el sector privado, gerentes de empresas de todos los tamaños buscan cómo sobrevivir a la crisis, para mantener sus negocios a flote, los empleos y la tributación, en el sector público el tratamiento de la pandemia ha estimulado subsidios, apoyos alimentarios, compra de respiradores e insumos médicos, construcción de hospitales y adecuación de unidades de cuidado intensivo.
Lastimosamente el flagelo de la corrupción en América Latina, también se ha ensañado con los recursos destinados a los más vulnerables en medio de esta contingencia, así se deduce de los escándalos que han empezado a brotar por el continente.
Bolivia, sin respiro
Salió a la luz la compra de 170 respiradores por parte del gobierno de Jeanine Áñez, que fueron adquiridos a la empresa española GPA Innova a un precio de 27.689 dólares cada uno, en una transacción en la que el cónsul de ese país en Barcelona, David Pareja, habría servido de intermediario, según denunciaron periódicos como La Razón y La Prensa. La compra levantó sospechas cuando medios bolivianos reseñaron que varias importadoras locales habían participado en el proceso de contratación y ofrecían los mismos equipos a un precio menor, de alrededor de 7.000 dólares por unidad.
De inmediato, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, salió al paso de la polémica y desmintió que el gobierno hubiera incurrido en sobrecostos. Pero la presidenta Áñez no respaldó su versión. “Cárcel y todo el peso de la ley”, fue la sentencia que lanzó la mandataria en redes sociales para los presuntos responsables, el pasado 19 de mayo, al tiempo que prometía “devolver cada centavo a los bolivianos”.
Tan solo un día después, la policía irrumpió en el despacho de Navajas y lo detuvo, en medio de la investigación judicial abierta por el caso y por la que además fueron llamados a declarar dos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que financió la compra. “La presidenta decidió apartar de su cargo al ministro para evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia”, diría ese mismo día la portavoz de la Presidencia. La investigación de los hechos continúa.
Brasil, ¿vendetta política?
Agentes de la Policía Federal de Brasil allanaron el 26 de mayo el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Wiltzel, uno de los más duros contradictores del presidente Jair Bolsonaro. Con el operativo, las autoridades buscan establecer si Witzel pertenece a un presunto esquema de desvío de dineros que deberían destinarse a la construcción de hospitales para atender a pacientes con covid-19, de acuerdo con una investigación de oficio de la Policía Federal.
De acuerdo con el más reciente balance, de siete hospitales cuya construcción y operación se contrató con la ONG Institute of Basic and Advanced Healthcare, por 145 millones de dólares, solo uno está en funcionamiento. Por esa razón, Witzel firmó este miércoles un decreto con el que elimina la participación de dicha organización y su gobierno asume directamente el manejo de la infraestructura.
De momento, el mandatario no ha sido llamado a declarar en el proceso judicial ni se sabe a dónde habrían ido los recursos.
Caros mercados en Ecuador
La renuncia de María Alexandra Ocles a su cargo como directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, el pasado 11 de mayo, no evitó que la Fiscalía de ese país le formulara cargos por la firma de un contrato de 1,1 millones de dólares, un monto no permitido por las auditorías internas del Estado, que estipularon como valor máximo del contrato 707.000 dólares.
Así las cosas, la Contraloría emprendió una investigación en la que encontró que paquetes alimentarios cuyo precio en el mercado es de 95 dólares fueron pagados a 151 dólares. Además, se aplicó IVA a los 18 productos del paquete, cuando solo ocho de ellos podían ser gravados.
Las pesquisas para esclarecer estos hechos continúan.
Silencio en Panamá
En el país del istmo se escucharon voces pidiendo la cabeza del vicepresidente José Gabriel Carrizo, luego de que saliera a la luz el pasado 25 de abril, en medio de una investigación de la Fiscalía, que su despacho compró respiradores por un precio unitario de 48.950 dólares, mientras que la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información comprobó que podían adquirirse a 6.900 dólares cada uno.
La Autoridad abrió, por esa y otras compras sospechosas, cinco investigaciones de oficio que siguen su curso, mientras que Carrizo, que recibió el respaldo del presidente Laurentino Cortizo, quien lo ratificó en el cargo, cesó sus apariciones en público.
¿Problema sin solución?
La ONG Transparencia Internacional viene siguiendo de cerca esta problemática de corrupción y explica que la crisis ha expuesto las vulnerabilidades que ya existían en la contratación pública.
“Nos preocupa profundamente que la necesidad de que los gobiernos actúen rápidamente para hacer frente a la crisis de covid-19 esté llevando a un aumento de los riesgos de corrupción. El uso desproporcionado que están haciendo los gobiernos de sus poderes de emergencia, tecnología y vigilancia amenaza los valores democráticos y el sistema de pesos y contrapesos”, acotó la presidenta de la organización, Delia Ferreira.
El organismo alerta que, en circunstancias normales, los gobiernos gastan entre el 13 % y el 20 % de su PIB en compra pública de bienes y servicios, lo que suma un promedio mundial de 9,5 billones de dólares al año. Pero según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la corrupción puede absorber hasta el 25 % de ese dinero. “Lo que está en juego es aún mayor, pues solo para asuntos relacionados con la pandemia, el Banco Mundial anunció contribuciones a los países de hasta 160.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional dispondrá 1 billón de dólares y otros actores han hecho cuantiosos aportes”, señala la ONG.
¿Hay vías de solución? Los capítulos latinoamericanos de Transparency International y otras organizaciones como Acción Ciudadana y Participación Ciudadana, proponen enfocar los esfuerzos en cinco garantías básicas: datos abiertos, administración eficiente de los recursos, rendición de cuentas, competencia económica justa y seguimiento al gasto público con medidas de vigilancia adicionales
