La rumba legal agoniza, mientras la clandestina sube el volumen

¿Cómo gozar al ritmo del perreo intenso, aplicando medidas de bioseguridad? ¿Cómo no contagiarse, al son de una salsa bestial? ¿Cómo evitar que se propague el coronavirus, dándole hasta abajo en un merengue amasisao?

La falta de una respuesta precisa a estas inquietudes ha dejado a las discotecas en la cola de los sectores económicos con posibilidad de reapertura condicionada durante la pandemia.

Cada 15 días, cuando el presidente Iván Duque extiende la cuarentena y enumera los gremios autorizados para reiniciar sus actividades, los propietarios de estos establecimientos y su clientela quedan frustrados, como el bailarín que nadie saca a azotar baldosa. Es claro que el entretenimiento no es un asunto vital y que las muchedumbres son un peligro, más ahora que hay alerta naranja por congestión de la red de salud.

“Medellín no tiene planes ni de abrir discotecas ni de hacer pilotos al respecto”, sentenció el alcalde Daniel Quintero en un trino el viernes.

Lo paradójico es que la rumba no se detuvo, sino que se tornó más clandestina. Según la Policía Metropolitana, entre el 15 de mayo y el 8 de julio sus patrullas han tenido que hacer de “aguafiestas” en 3.266 parrandas en el Valle de Aburrá; si lo promediamos, equivale a 60 diarias.

El pasado 28 de junio, por citar un ejemplo, en un sótano del barrio Doce de Octubre de Medellín, un gentío armó una discoteca improvisada con bafles, torres de luces, consola de sonido y DJ. Cuando llegaron las autoridades encontraron, entre las 40 personas, a 12 adolescentes embriagados.

Y el sábado 4 de julio los uniformados, por llamadas de los vecinos, detectaron otra juerga en una finca de la vereda La Corralita, en el municipio de Caldas. Allí había 30 adultos sin tapabocas, apretujados y borrachos, a quienes les encontraron 1.069 dosis de marihuana, 750 gramos de la misma hierba y 160 papeletas de cocaína. Para colmo, hay una denuncia de que una joven de 19 años habría sido víctima de abuso sexual.

Mientras esto ocurre en las farras prohibidas, el saldo rojo por la cuarentena les pasa factura a los negocios tradicionales. Una a una, se han ido quebrando Mango’s (Itagüí), Dulce Jesús Mío Mi Pueblo (Itagüí), Alicia Dorada (Parque Lleras) y Chabela (La 70), entre otras.

La situación hace que los dueños de las discotecas se pregunten: ¿no es mejor promover una rumba legal y vigilada, que padecer una ilícita y descontrolada?

Andrés Aguirre es propietario de Tutaina (Barrio Colombia), La Ruana de Juana (calle 10), Lico Deluxe, Lleras Town y la fonda Juan Bala (las últimas tres en el Lleras).

También tenía a Chabela y Alicia Dorada, mas la crisis financiera lo obligó a cerrarlas, dejando desempleadas a 35 personas. Sin ingresos, no pudo pagar los $14 y $12 millones mensuales de arriendo, respectivamente.

Contó que los otros negocios sobreviven gracias a que sí logró acuerdos de alquiler con los dueños de los locales, aunque 200 trabajadores están en ascuas porque no hay un futuro claro para el gremio.

“No tenemos apoyo de los bancos y pronto hay que empezar a pagar los impuestos. Tutaina, por ejemplo, llegó a pagar $70 millones anuales de impuestos y hoy se sostiene porque nos empezamos a gastar la plata que teníamos asignada para eso. Ya hay que renovar el registro de Cámara de Comercio, que es el 3 % del valor del negocio, pero sin ganancias es duro”, dijo Aguirre.

Para arañar recursos montó la Licorera Online y vende trago a domicilio, “es una idea solidaria, 25 meseros y bartenders trabajan ahí, es para darles una entrada a ellos”.

Julio Restrepo, dueño de Son Havana (Laureles), intenta llevar la experiencia del lugar a las casas de sus clientes, con cocteles, comida y decoración; incluso vende desinfectantes, tapabocas y demás implementos de bioseguridad, cuyas ganancias suman tan solo el 20% de lo que obtenía antes.

El 2 de julio la Alcaldía de Medellín instauró la Ley Seca los fines de semana (Decreto 0686 de 2020), lo que significó otro golpe para estos emprendimientos. La Administración tiene sus razones: “No es una medida que se toma al azar. Tenemos las cifras que demuestran que estas restricciones ayudan bastante en el control efectivo de conductas contrarias a la convivencia”, expresó el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo.

En el primer fin de semana de aplicación impusieron 134 comparendos por violar esa norma. El creciente número de contagios de covid-19, que registra 6.469 casos (a julio 12) en el Valle de Aburrá, hace pensar que la decisión podría extenderse otros meses.

Juan David Arango, administrador de Amarna, tenía 30 empleados antes de la pandemia; hoy quedan tres, incluyéndolo. Cuenta que el licor a domicilio no es una opción para su negocio, pues está ubicado en Barrio Colombia, una zona industrial, sin vecinos que le compren.

“Pensamos en conciertos por internet, ya hicimos uno con el Combo de Las Estrellas, grabado sin público en nuestra sede, pero son gratuitos, es más para que la gente se conecte y no dejar morir la marca”, anotó.

Con este difícil panorama, los trabajadores del sector son tentados por rumberos irresponsables, para volcarse a los jolgorios clandestinos. “A nuestro DJ lo han llamado para ver si participa en toques que están haciendo en fincas del Oriente antioqueño. Mientras los trabajadores legales estamos parados, la ilegalidad está haciendo mucho dinero”, dijo Arango.

Al empresario Aguirre también lo buscaron para organizar estas rumbas y tampoco aceptó. Señaló que muchas veces el festejo se debe “al cumpleaños de alguien pudiente”, y que son eventos cada vez más profesionales, con tarimas y artistas contratados en áreas rurales.

Luis Guillermo Orjuela, vocero de la Confederación de Empresarios de la Industria del Entretenimiento Nocturno, el Turismo y los Servicios (Confedecont), con 1.300 afiliados en Medellín, está de acuerdo con las decisiones gubernamentales para preservar la salud, aunque hizo un llamado para buscar alternativas que favorezcan el empleo.

Al igual que los demás entrevistados, coincidió en que, dado que las fiestas no han parado, sería mejor permitirlas en los sitios autorizados, con los protocolos y vigilancia de las autoridades.

Sobre este punto, el 10 de julio hubo un experimento en la discoteca Oye Bonita, de La 70. Varios empresarios, cobijados por Asobares y el movimiento S.O.S. Entretenimiento y Turismo, lanzaron una propuesta de cómo sería la reapertura de los bares cuando haya luz verde (ver recuadro).

Tal vez ese sea el futuro cercano de las discotecas: convertirse en bares, es decir, lugares en los que se oye música, se consume licor y departe con allegados, pero sin baile.

“Es posible que así sea al principio, lo importante es por lo menos abrir estos espacios, que también generan bienestar mental, ayudan a eliminar el estrés de la gente y activan otras economías, como la de los taxistas, vendedores ambulantes y proveedores”, indicó Orjuela.

Arango agregó que no hay certezas sobre cómo danzar sin enfermarse, y admitió que tal vez con tragos los clientes sean difíciles de controlar; no obstante, “es preferible que se haga en sitios aseados que pagan impuestos, en los que sí puede haber regulaciones”.

Restrepo afirmó que tal vez sea viable bailar, no en una pista, sino junto a las mesas (separadas de las otras) y solamente en contacto con la pareja o familiares, como ya se está ensayando en los planes piloto de los restaurantes.

Sobre estas propuestas, quisimos conocer la opinión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Las discotecas están dispuestas a bailar al son que les toquen, desde transformarse en bares temporales, hasta llevar experiencias a domicilio. El cambio más extremo hasta ahora es el de Chorro’s, en Castilla, que se convirtió en legumbrería. Sus vecinos ansían la hora en que, en vez de pelar bananos en silencio, vayan allá, con una grata tonada de fondo, a gastar la suela y raspar la hebilla.